El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP), ha incidido este jueves en aseverar que la Junta de Andalucía «no va a renunciar a ni un solo euro» del dinero defraudado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, y ha explicado que el montante cuyo retorno ya ha reclamado la Administración autonómica en las distintas instancias posibles asciende a 433 millones de euros, vinculado únicamente a los procedimientos que se han abierto.
Así lo ha detallado el consejero en el transcurso de una comparecencia en comisión parlamentaria en la que ha explicado que esos 433 millones de euros se han reclamado teniendo en cuenta tanto las actuaciones llevadas a cabo en la vía penal, como mediante las revisiones de oficio de ayudas a empresas, y a través del Tribunal de Cuentas, vía esta última por la que se han reclamado 169 millones.
Antonio Sanz ha aseverado que la Junta va a reclamar e intentará que «Andalucía recupere la totalidad» de los «cerca de 700 millones de euros» –679 millones exactamente– defraudados en el caso de los ERE, y ha defendido que, desde que en el año 2011 se tuviera conocimiento del «fraude a la Hacienda pública andaluza» a través de ese «complejo entramado», el Gobierno andaluz «ha llevado a cabo todo tipo de actuaciones para la recuperación de lo defraudado», utilizando para ello «todas las vías jurídicas posibles, sin que se haya renunciado en ningún momento, ni se va a renunciar, a todas las opciones de recuperación necesarias».
Para ello, según ha abundado, la Junta ha acudido «a la vía administrativa, a la vía penal y a la jurisdicción contable, a la vista en cada caso de las irregularidades detectadas».
Ha explicado que, en la vía administrativa, la Junta acordó, por una parte, «declarar la irregularidad de la inclusión en las pólizas suscritas para bonos de ayudas sociolaborales de determinadas personas, así como la incoación de expedientes de reintegro contra las mismas» y, por otra, se procedió «a la revisión de oficio de las ayudas a las empresas».
El consejero ha precisado que, «hasta la fecha, se han llegado a tramitar más de 244 revisiones de oficio de ayudas a empresas por un montante de 129 millones de euros» que desde la Junta están reclamando.
En relación a la vía penal, Antonio Sanz ha puesto de relieve que, «de las casi 200 piezas que componen todo lo que es el entramado de los ERE, hasta ahora solamente se han calificado 78», que es sobre las que la Junta se ha podido «posicionar en relación con la reclamación» de las cantidades correspondientes, y «eso motiva que en las piezas en las que la Junta ejerce la acusación, hasta el momento», desde el Gobierno andaluz se haya derivado «una responsabilidad por un montante de 134,8 millones de euros».
El consejero ha explicado que para que las reclamaciones de dinero se hagan efectivas hay que esperar a que haya sentencia firme, y hasta el momento sólo se han dictado seis entre las 78 piezas calificadas de las referidas 200 a las que asciende todo el procedimiento, de forma que quedan aún 122 por calificar y «todavía las cantidades» que reclama la Junta «son provisionales».
Antonio Sanz ha enfatizado que incluso en aquellas causas en las que la justicia haya decretado el archivo o sobreseimiento de determinadas actuaciones, la Junta «agotará todas las opciones posibles para recuperar las cantidades que no se hayan podido resarcir», porque «el objetivo» del Gobierno andaluz es «luchar por la totalidad de los recursos y recuperar la mayor cantidad posible de los fondos defraudados», según ha insistido.
«Les garantizo que agotaremos todos los cauces posibles previstos en el ordenamiento jurídico, lógicamente con pleno respeto a los procedimientos judiciales que se vayan dictando», ha proclamado el consejero ante la comisión parlamentaria.
LOS GRUPOS
El diputado del PP Daniel Castilla ha identificado «un momento crucial de la pieza política» como fue «la decisión de Susana Díaz en octubre de 2016 de retirar la Junta de Andalucía como acusación particular y renunciar a la responsabilidad civil que le pudiera corresponder», así como ha evocado que «la Junta de Andalucía pedía el sobreseimiento de la causa al no apreciar prevaricación ni malversación», de lo que ha colegido que «nos han dejado tirados a todos los andaluces».
Castilla ha recordado que la condena por malversación implica que los acusados «no se llevaron ni un céntimo de euro» y ha precisado que ese delito conlleva que «se han perdido cientos de millones de euros» y que los andaluces «confiaron en que eran nuestros gobernantes», para lamentar entonces «la deslealtad» y reclamar a los dirigentes socialistas «empezar pidiendo perdón y después continuamos hablando».
El parlamentario socialista José Aurelio García ha señalado «el uso torticero de este caso judicial», que ha considerado que «va más allá del uso legítimo político» y ha situado «en generar odio y enfrentamiento», mientras que el cenit de esta estrategia sería «la destrucción moral de las personas implicadas», momento en que ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dijera públicamente que no estaba de acuerdo con que Griñán entrara en la cárcel para que «al día siguiente diera instrucciones al abogado del PP para oponerse a la suspensión del ingreso en prisión».
Aguilar ha esgrimido que «ni una sola línea de las dos sentencias han establecido que haya habido lucro personal de los cargos condenados» y ha reprochado «el fake de los 680 millones», antes de preguntar «qué cantidades van a recuperar» porque «en ningún caso se fijó esos 680 millones como responsabilidad personal».
El diputado de Vox Ricardo López Olea ha recriminado al Partido Popular que «en este tema tan serio se han hecho un cluster con el PSOE» bajo la premisa de que «están siendo tibios, están intentando blanquear los hechos y de forma tácita están a favor del indulto a Griñán», mientras que ha señalado el caso ERE como «la punta del iceberg de la corrupción» al señalar que «con eso se adulteró la democracia» por cuanto «Andalucía fue el trampolín para conseguir el poder central» en su condición de representar «el 20% del censo electoral español».
El portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha señalado «la corrupción como primer lastre que ha tenido nuestro país en su historia» y que «el caso de los ERE es un ejemplo claro de la red de corrupción en los gobiernos socialistas para alimentar una red clientelar con el dinero de los parados para mantenerse en el poder y enriquecer a amigotes», aun cuando ha considerado que «el PP puede hablar de corrupción, pero no está legitimado para reirse de otros» tras esgrimir que «es el único partido condenado por corrupción como organización criminal».
Tras considerar que «la corrupción hace menos daño a las derechas», Delgado ha instado a «recuperar todos los dineros en el caso de los ERE», convencido de que es «el mejor trabajo que podemos hacer por nuestra sociedad, por Andalucía» por cuanto «venimos a servir, no venimos a robar, a desmantelar».
Finalmente, tras las intervenciones de los grupos, Antonio Sanz ha remarcado que el Tribunal Supremo ha definido este caso como «el mayor escándalo de corrupción de la democracia», y ha expresado su rechazo a un posible indulto por parte del Gobierno a los condenados.
