La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, primera fuerza sindical en la Administración Pública, ha acusado al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, de poner a los funcionarios “en el ojo del huracán” al atribuirles los problemas que afectan al funcionamiento de los servicios públicos y al trasladar a la opinión pública un mensaje que cuestiona el trabajo de los empleados públicos, “para evitar responsabilizarse de la falta de medios y de personal que afecta a los distintos servicios de la Administración, como por ejemplo la Sanidad o la Educación, entre otros”.
Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, en la Mesa General de Negociación Común convocada este miércoles para hablar del Presupuesto de la Junta para 2024, en la que ha dejado constancia del malestar de la organización sindical por las declaraciones “engañosas” del consejero del ramo sobre la evaluación del desempeño de los empleados y empleadas públicas, “haciendo creer a la ciudadanía que el problema de los servicios públicos son aquéllos que trabajan menos o que no cumplen y para los que debe haber consecuencias y, por el contrario, premiar a aquéllos que trabajen más y mejor”.
A juicio del sindicato, el consejero debería centrarse, como responsable político de la Administración autonómica en esta materia, en ofrecer los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para que el personal público pueda hacer adecuadamente su trabajo, y ha puesto como ejemplo de “caótica gestión” la de la Bolsa Única Común para contrataciones temporales que, tal y como ha denunciado CSIF de forma reiterada, está provocando actualmente falta de cobertura en distintos servicios, como limpieza de institutos o de residencias de mayores.
CSIF siempre ha defendido que la evaluación del desempeño debe ser incentivadora para las empleadas y los empleados públicos, y ha avisado de que estará muy vigilante para que así se recoja en el desarrollo reglamentario de la Ley de Función Pública –recientemente aprobada en el Parlamento andaluz– y no se apliquen medidas sancionadoras, que ya se rigen por el propio régimen disciplinario que recoge la Ley.
Para CSIF, un resultado negativo en la evaluación del desempeño no puede suponer, en ningún caso, pérdida retributiva ni menoscabo en el tramo de carrera profesional consolidado, tal y como ha trasladado el consejero en sus “desafortunadas declaraciones”. En este sentido, el sindicato siempre ha protegido, y así lo seguirá haciendo en el desarrollo reglamentario de la Ley, los principios básicos contemplados en el TREBEP –Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público– para dicha evaluación.
Valoración negativa del anteproyecto de Presupuestos para 2024
CSIF Andalucía ha realizado este miércoles en la Mesa General una valoración negativa del anteproyecto de Presupuestos de la Junta para 2024 que, pese a describir un “entorno económico global más favorable” y una “economía andaluza de gran fortaleza”, continúa sin consignar cantidad alguna para la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 de los empleados públicos, ni para recuperar las ayudas de Acción Social, que son una forma de paliar las dificultades coyunturales de muchas familias.
Precisamente, el sindicato ha realizado ya varias acciones de protesta a nivel provincial y regional en demanda de la recuperación de ambos elementos esenciales para los empleados y empleadas públicas, que sí han sido restituidos en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país.
La central sindical ha rechazado además la externalización de los servicios públicos, a las que el Gobierno andaluz destina importantes partidas en lugar de reforzar e impulsar la inversión en los servicios públicos para que éstos sean de calidad.
Igualmente, ha criticado el “mero trámite” que para el Ejecutivo regional supone llevar el anteproyecto de Presupuestos a la Mesa General de Negociación, sin tiempo para su análisis por parte de las organizaciones sindicales y sin que dicho documento recoja datos concretos.
En esta línea, el sindicato ha cuestionado a la Administración sobre la inclusión en estas cuentas de partidas para reconvertir a 35 horas contratos de monitores escolares, para crear nuevas plazas de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), para hacer efectivo el incremento pactado para la equiparación salarial docente o para que el Pacto por la Atención Primaria tenga efectos económicos en 2024, entre otras cuestiones.
