La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve contradicciones en las declaraciones que varios altos cargos del Ministerio de Transportes hicieron en calidad de testigos sobre quién eligió a la empresa principal de la denominada ‘trama Koldo’, Soluciones de Gestión.
Así lo ha comunicado el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en un atestado firmado el 22 de febrero en el que realiza un análisis preliminar de las testificales que recabó entre los días 20 y 21 de febrero del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García; el recién cesado secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares; y el presidente de dicho ente, Francisco Toledo Lobo.
La UCO ve contradicciones
Según los agentes, el subsecretario de Transportes manifestó que fue el entonces ministro José Luis Ábalos quien le dijo que confeccionase «la orden» para que por parte de Puertos del Estado se adquiriesen «ocho millones de mascarillas, cuatro millones para repartir entre los entes dependientes del Ministerio, como AENA, ADIF, Renfe, Puertos del Estado, Correos y Enaire, y así como otros 4 millones de mascarillas para repartir a los profesionales del transporte y personal dependiente de las entidades locales y autonómicas, realizándose el reparto a través de Correos».
CONSENSO CON ÁBALOS La UCO ve contradicciones
La Guardia Civil asegura que Gómez García indicó que «la designación de Puertos del Estado como el ente adecuado para la compra de las mascarillas fue consensuada entre el ministro», él y «la secretaria general técnica, Angélica Martínez». Subraya, además, que el subsecretario señaló que dicho procedimiento se repitió para la asignación de ADIF para la adquisición de cinco millones de mascarillas.
«En ambos casos manifiesta que su participación finalizó con la orden ministerial, indicando expresamente que ‘no participó de ninguna manera directa o indirecta en la adjudicación de los expedientes'», precisaron los investigadores.
Es en este punto en el que la Guardia Civil aprecia la primera «contradicción». La Benemérita incide en que Sánchez Manzanares aseguró que tuvo conocimiento de Soluciones de Gestión –a la que se refiere como «único proveedor de mascarillas disponible»– «por parte del Ministerio, indicando entre sus interlocutores al subsecretario de Transporte, el cual niega conocer la sociedad y haber influido en su adjudicación».
EL PAPEL DE SÁNCHEZ MANZANARES
«Adicionalmente, se infiere otra contradicción en lo relatado por el subsecretario del Ministerio de Transportes», añade el Instituto Armado para luego comparar la declaración de Gómez García con la del presidente de Puertos del Estado durante la pandemia, Francisco Toledo Lobo.
Los agentes recalcan que Toledo Lobo dijo que Sánchez Manzanares «es la persona que le comunica que se iba a producir la publicación del decreto de compra de mascarillas». Según apuntó, «esta comunicación se produjo un par de días antes de la publicación del decreto».
En el informe se dice que Toledo Lobo le preguntó a Sánchez Manzanares por qué se realizaba la compra a través de Puertos del Estado. «A lo que Álvaro le informó que el Ministerio era quien lo había elegido», señalan los investigadores.
La Guardia Civil ha subrayado que «otras dos personas» han confirmado que Sánchez Manzanares fue «quien llevó a Puertos del Estado a Soluciones de Gestión como proveedor de mascarillas».
Una de ellas es la jefa de departamento de contratación y consejos de administración adscrita a la secretaría de Puertos, María Belén Caballero Martínez, quien aseguró a los agentes que fue Sánchez Manzanares «el que les puso sobre la mesa Soluciones». Señaló, sin embargo, que no sabía quién «se la puso a él sobre la mesa, porque fue el Ministerio el que contrató».
La otra persona es la jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de dicho organismo, Aránzazu de Miguel Peña, quien manifestó, según la Benemérita, que «Álvaro le informó que ya habían contactado con una empresa, que era Soluciones, que sería la encargada de suministrarles las mascarillas».
CARGOS DE ADIF E INTERIOR
En el marco del atestado, los agentes también recogen la declaración como testigo de la presidenta de ADIF en 2020, Isabel Pardo de Vera; de la directora general de personas de la entidad Micheaux Miranda Paniagua; y su director de recursos humanos, Martín José Navarro.
Según los investigadores, Pardo de Vera dijo que tras recibir el encargo mediante la orden ministerial de Transportes se decidió que sería la dirección general de personas la que se haría cargo de la contratación.
Asimismo, la Guardia Civil repasa la declaración del secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, quien explicó que había participado en la declaración de emergencia y en el contrato público de emergencia licitado por Interior adjudicado a la empresa de la ‘trama Koldo’.
Los agentes también recogen la testifical del que fuera subdirector general de planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad de la secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar Prieto, quien manifestó que fue el gabinete de coordinación y estudios el que le informó sobre Soluciones de Gestión.
