La Fiscalía Provincial ha interpuesto una denuncia ante el Decanato de los Juzgados de Vera (Almería) para que se investigue si el exalcalde de Carboneras Felipe Cayuela (PP) habría «perjudicado» de manera «deliberada» a policías locales del municipio, «impidiendo su ascenso de categoría» y el acceso a derechos laborales.
El Ministerio Público considera que determinados «actos» realizados por Cayuela durante su mandato, entre junio de 2023 y marzo de 2024, podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación, según se recoge en el decreto, de 11 de abril.
La resolución acuerda judicializar, tras la incoación de diligencias de investigación preprocesales, la denuncia, con hasta tres ampliaciones posteriores, que presentó uno de los agentes afectados y donde se apunta que el exregidor habría actuado «guiado por una animadversión» hacía ellos «mostrada» en redes sociales y plenos municipales al asegurar «que era agentes adeptos y afines al PSOE».
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la Fiscalía recoge que Cayuela «dictó» una resolución de suspensión del procedimiento para el ascenso a la categoría de oficial de Policía Local, «impidiendo así el ascenso de tres agentes, entre ellos el denunciante, de forma arbitraria e injustificada».
Señala la denuncia que, con este acto, habría «impedido», asimismo, que pudiesen «optar a la convocatoria de la plaza de Oficial-Jefe». La suspensión del procedimiento, que se llevó a cabo mediante decreto, sin pasar por junta de gobierno local y sin informe de la secretaria municipal, derivo en la no inscripción de los agentes en el curso preceptivo y previo de capacitación sin el que no se puede acceder a la categoría aprobada.
El Ministerio Público apunta que Cayuela, quien ostentó durante tres meses la Jefatura Superior y la Jefatura inmediata de la Policía Local, no «les habría permitido», tampoco, realizar «horas extraordinarias», al «contrario que el resto de miembros de la plantilla».
Añade, por último, que los tres agentes supuestamente «perjudicados» serían «los únicos» a quienes se les «ha denegado» los días solicitados por vacaciones de Navidad.
La denuncia que judicializa el caso parte de la presentada, primero ante Anticorrupción, por uno de los policías locales afectados y remitida a la Fiscalía Provincial de Almería el pasado mes de enero.
En esos escritos, el denunciante indica que Cayuela habría actuado «únicamente según su capricho y su opinión personal y política» con el objetivo «de represaliar» a los agentes, a quienes «habría expresado su animadversión y enemistad» en público.
Apunta que el decreto de suspensión de la tramitación del procedimiento selectivo se dictó para «que los agentes no realizasen el curso de capacitación y perdiesen la plaza», al tiempo que considera que se hizo «en fraude de ley» y «unilateralmente» para «evitar» que Secretaría Municipal «fiscalizase», así como sin «pasar por junta de gobierno local».
«El ex alcalde en ningún momento justifica realmente la necesidad de adopción de esa medida provisional restrictiva de derechos fundamentales y que causa perjuicios de imposible reparación, como en ningún momento hace una ponderación razonada de los perjuicios que causa y de los derechos vulnerados para decretar la suspensión», traslada la denuncia.
Añade que, ante la existencia de recursos, «él conocía perfectamente que se podía continuar ejecutando el procedimiento mientras se formulaba el informe de la Secretaría que había pedido» y que «finalmente, tras tres meses» no se dictó, dando lugar «a un silencio administrativo».
«La potestad discrecional ejercida por el ex alcalde obedece únicamente a su puro capricho y no guarda racionalidad y adecuación la situación de un proceso que ya estaba solo a falta de realización del curso de capacitación por los aprobados, respecto de la medida adoptada de suspender la ejecución por unos recursos previos a la fase de concurso-oposición», indica.
El denunciante, para quien la resolución de suspensión del procedimiento es nula «de pleno derecho», alude a que Cayuela «manifestó por sus propias palabras y publicaciones en Facebook la animadversión hacia los tres agentes aprobados, a los que consideraba ‘Agentes adeptos y Agentes afines al PSOE‘ y hace referencia a que también señaló que el concurso-oposición suspendido «era un procedimiento para pagar favores políticos y favores electorales, y de propaganda electoral del PSOE».
Con respecto a las horas extraordinarias que la Fiscalía también pide investigar, se relata que el ex regidor, durante los «tres meses» que ejerció «la Jefatura directa» de la Policía Local, los habría «discriminado radical y groseramente en el reparto de complementos económicos».
En concreto, precisa que, en ese periodo, todos los agentes fueron «requeridos» y «realizaron horas extraordinarias, excepto los tres agentes aprobados a Oficial, que no fueron requeridos ni realizaron ninguna hora extraordinaria».
«Mientras los tres son completamente obviados, el resto de agentes han realizado todos y cada uno de ellos entre 15 y 22 días extraordinarios, lo que supone una diferencia de unos 6.500 euros de sueldo entre los tres agentes discriminados y el resto de la plantilla», explica la denuncia.
Cayuela abandonó la Alcaldía de Carboneras, que obtuvo en las últimas elecciones municipales aunque ha estado gobernando la mayor parte de su mandato en minoría, el pasado 15 de marzo tras prosperar una moción de censura presentada por PSOE, Cs, y un concejal no adscrito.
El Ayuntamiento de Carboneras, en 2021 y bajo mandato socialista, sacó dos plazas de oficial de Policía Local por la modalidad temporal de carácter urgente y extraordinario de promoción interna por comisión de servicios.
Publicada la convocatoria, le llego un requerimiento de la Delegación Territorial de la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía en el que le instaba a desistir de ese proceso y se le informaba de que las plazas de ascenso a Oficial debían sacarse por concurso-oposición y que los agentes «debían realizar y superar» el curso de capacitación para acceder a la plaza.
Este concurso-oposición se convocó en noviembre de 2022 y en él resultaron «aptos» los tres agentes, aunque fue recurrido por otro policía local, quien alegó era «interesado» en el procedimiento en comisión de servicio que rechazó por irregular la Junta de Andalucía.
