La Ley de Ciencia es anunciada por Villamandos para final de año acusando al Gobierno de «oscurantismo» con la LOSU. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado este martes en comisión parlamentaria que la Ley de la Ciencia entrará en la Cámara autonómica para su aprobación «a final» de este año 2024, ha confiado en que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) lo haga «antes del verano» y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «oscurantismo» en la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en alusión, concretamente, a la financiación para la estabilización de más de 3.000 plazas de profesores (más de 400 en el caso de Andalucía).
En su intervención en respuesta al debate sobre el modelo de financiación solicitado por el PP, PSOE y Vox, Gómez Villamandos ha destacado, en primer lugar, que esta herramienta, aprobada en septiembre de 2023 por el Consejo de Gobierno tras el acuerdo «unánime» en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), viene a dar «certidumbre y estabilidad» al sistema público de enseñanza superior. Ha recordado que los campus andaluces recibirán este 2024 un montante de 1.730 millones de euros y se ha mostrado confiado en que este curso sea el «último» en el que haya «discusión» sobre el reparto del dinero.
La Ley de Ciencia es anunciada por Villamandos para final de año acusando al Gobierno de «oscurantismo» con la LOSU
Para el consejero, con este modelo de planificación plurianual, «no se generarán deudas millonarias» como con los gobiernos del PSOE en la Junta, y ha recordado que con éste se pone fin a «décadas de dificultades en las que las universidades se arrojaban al vacío» para gestionar sin tener «certezas» sobre las fondos de los que dispondrían. Gómez Villamandos se ha detenido, igualmente, en el plan extraordinario de inversiones e infraestructuras, cuyas propuestas para el primer año de vigencia llegarán esta misma semana para el análisis de la Consejería.
Sobre este plan, ha recordado que se fundamenta en tres pilares. En primer lugar, las universidades podrán usar los remanentes no afectados a razón de 20 millones al año por un periodo de cuatro; además, habrá recursos Feder –procedentes de Europa– para actuaciones de digitalización y eficiencia energética de edificios y fondos propios de la Junta y de la colaboración pública-privada. El consejero ha confirmado, por último, que las universidades públicas contarán con contratos programa estructurales que se están ultimando en el marco del modelo de financiación universitaria y que les permitirán «optimizar la gestión de los recursos procedentes de la Junta».
Los contratos programa articulan, según ha detallado, «la financiación por resultados y buscan homogeneizar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos». Se trata de una planificación de objetivos orientada hacia la mejora de la competitividad, así como a la eficacia y la profesionalización de la gestión. Pueden ser estructurales o estratégicos y recogen reformas estructurales, la adecuación de las infraestructuras, la estabilización y promoción del personal, iniciativas de apoyo al estudiantado, la atención a la diversidad, el impulso de la internacionalización o el fomento de la investigación.
Además, se conciertan anualmente desde la Consejería de Universidad con cada una de las instituciones académicas. Las variables se distribuyen en tres grandes apartados: el docente, el de personal y el de investigación y transferencia. En el primer apartado, la actividad docente se medirá atendiendo a la dedicación destinada a las labores de dirección de trabajos fin de grado y fin de máster, a la tutorización de prácticas externas o al peso de los créditos optativos ofertados anualmente, ha recogido la Junta en una nota de prensa.
De igual modo, se tomarán en consideración otros aspectos como el tamaño de los grupos docentes en relación con el número de estudiantes y con las ramas de conocimiento, o la presencialidad asignada por cada universidad a los créditos. En cuanto al capítulo de personal, que incluye a la plantilla de docentes e investigadores (PDI) y a los técnicos dedicados a las labores de administración y servicio (PTGAS), se considerará el promedio de horas de docencia real impartida por el profesorado permanente por curso académico, que se fija en 160 horas para los funcionarios, los permanentes laborales a tiempo completo y los profesores ayudantes.
También se tendrán en cuenta el encargo docente de la plantilla no permanente, así como la proporción entre el PTGAS y el PDI y el porcentaje de los grupos A1 y A2 (los de mayor nivel en la escala funcionarial) entre los recursos humanos destinados a las tareas de gestión y de administración y servicios. Para esta categoría se ha establecido un nivel de representatividad del 40% de los recursos. Por último, en el área de I+D y transferencia, se valorarán indicadores normalizados para medir la productividad y la calidad científica.
INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS
En relación con el plan extraordinario de inversiones e infraestructuras, el PSOE ha sostenido que con él «se retrocede». Además, el grupo parlamentario socialista ha afeado a Villamandos que «se niegue a abonar un tercio del presupuesto necesario para estabilizar a profesores». «O la Junta entra en el modelo que ofrece el Gobierno o perderá las plazas asignadas», más de 400. En este punto, el consejero ha acusado al PSOE de «mentir», al igual que la ministra Diana Morant, en palabras de Villamandos.
«No nos hemos negado a financiar nada. Lo que queremos es conocer de dónde salen los números», ha argumentado el titular andaluz de Universidad, que le ha asegurado a los socialistas que «hasta tres universidades andaluzas se han quejado del reparto» de plazas de estabilización, del que ha destacado, de hecho, que a Cataluña se le conceden 200 más que a Andalucía.
Vox ha mostrado su «preocupación» por la «desigualdad» que genera la LOSU y Por Andalucía ha lamentado que no se «concreten» las cifras en materia de financiación, donde ha reclamado más recursos para alcanzar la «suficiencia financiera». En este punto, Villamandos ha pedido al PSOE que reclame a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los 1.500 millones de euros que «nos debe». «Estamos infrafinanciados», ha apostillado. El PP, por su parte, ha calificado de «hito» la aprobación del modelo de financiación», que «no es papel mojado», y ha reprochado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez que consisten, según ha sostenido, en que «Sánchez invita pero paga Moreno».
De vuelta al modelo de financiación, Villamandos ha recordado que 2023 fue un año de transición para la aplicación pero que contempló las transferencias de financiación previstas, además de catirce millones adicionales para proyectos estratégicos y la subida salarial que se llevó a cabo durante ese ejercicio. En 2024, el curso universitario se ha iniciado con un presupuesto estimado de 1.685,5 millones de euros, «una cifra récord en Andalucía», según ha aclarado Gómez Villamandos.
El modelo se estructura en cuatro categorías: financiación básica armonizada, financiación por resultados, por proyectos estratégicos y de nivelación. En el caso de la financiación por resultados, busca homogeneizar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos y se articulará a través de los citados contratos programa. La financiación de nivelación pretende corregir los desfases estructurales motivados por la aplicación de los modelos de financiación anteriores.
En el apartado de los proyectos estratégicos, tendrán cabida iniciativas singulares acordadas con los rectores que mejoren la competitividad de sus campus. El modelo también incorpora una cláusula de salvaguarda, «con la que las universidades tendrán la seguridad de que recibirán al menos el 100% de la financiación básica del año anterior más el crecimiento vegetativo», ha aclarado el consejero.
