La sección de Servicios Públicos del sindicato UGT ha reclamado a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo la implementación de herramientas como un teléfono público específico que sirva para canalizar los casos de agresión, violencia y acoso en las aulas así como medidas que faciliten el inicio de protocolos que, si bien son «suficientes», «no siempre llegan a activarse» por «miedo» o desconocimiento de los afectados.
Según ha indicado la organización sindical en una nota, el tratamiento de la conflictividad en los centros educativos «es un asunto de vital importancia para los docentes de la UGT», por lo que a través del comité de seguridad y salud del personal docente no universitario en la provincia de Almería se han solicitado la creación de mecanismos para activar los protocolos.
«Hemos solicitado a la Delegación de Desarrollo Educativo, que implemente herramientas y medidas que faciliten la apertura de los mismos en los casos pertinentes, y hacemos un llamamiento para que cualquier miembro de la comunidad educativa que disponga de información sobre casos de acoso, agresión, violencia en las aulas, o situaciones punibles en general, traslade dicha información de manera eficaz a las administraciones públicas implicadas», han manifestado.
Desde UGT creen que es «urgente» tomar medidas ante aquellos hechos que supongan «una alteración del ambiente deseable en un centro educativo» tales como amenazas, faltas de respeto, agresiones o alteración del orden propio de un aula, ya que «son conductas intolerables que deben ser contestadas con medidas disciplinarias». «La conflictividad en las aulas no puede suponer un impedimento en el magisterio diario», han apostillado.
Asimismo, además de dar respuesta a este tipo de comportamientos, el sindicato opina que dichas agresiones también «han de ser recopiladas y evaluadas por la Administración» para poder «componer un mapa real de la conflictividad actual».
«El análisis del contexto debe partir de datos concretos a fin de que podamos revertir la inercia que en los últimos años parece estar incrementando el número de casos y su gravedad», han añadido.
De igual forma, han incidido en que los profesionales del sector educativo deben ser respetados «como cualquier otro ciudadano» si bien, además, el profesorado «tiene la consideración de autoridad en el ejercicio de sus funciones», por lo que «dignificar la labor del docente pasa por establecer líneas rojas: lo que no se permite fuera del aula, no se debe permitir dentro», han atajado.
