La Mesa del Parlamento de Andalucía ha dado el visto bueno a una modificación de la relación de puestos trabajo (RPT) de personal funcionario al servicio de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción para crear cinco nuevas plazas que «serán provistas por personal funcionario de carrera de los grupos A1 o A2 o C1, según corresponda, de cualquier administración pública, mediante el procedimiento de concurso específico de méritos», y ha justificado este aumento de personal aludiendo al alza de denuncias que ha registrado el citado organismo. La Oficina Andaluza Antifraude amplía su plantilla ante el alza de denuncias registradas
Así se detalla en un acuerdo de la Mesa del Parlamento, consultado por Europa Press y firmado por el letrado mayor de la Cámara andaluza, Manuel Carrasco, que entró en vigor el pasado miércoles, 24 de abril, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
Dicho acuerdo precisa que el procedimiento de concurso específico de méritos al que se recurrirá para la provisión de las cinco nuevas plazas de las que se va a dotar a la Oficina Andaluza Antifraude estará sujeto «al baremo, bases y criterios de selección que se aprueben» por el propio organismo que dirige Ricardo Vicente Puyol «y, en su defecto, por lo establecido en el Reglamento de promoción interna y provisión de puestos de trabajo en la administración del Parlamento de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 14 de diciembre de 2016».
La dotación presupuestaria de los nuevos puestos para el ejercicio de 2024 «se realizará con cargo al saldo consignado» en una aplicación del vigente presupuesto de la Oficina orientado a «variaciones de la plantilla presupuestaria» por incremento de la misma –que se eleva a 115.000 euros–, según se precisa también en este acuerdo, en el que se justifica esta modificación de la relación de puestos de trabajo aludiendo al «incremento de denuncias» que ha experimentado dicha entidad adscrita al Parlamento andaluz.
Partiendo de la base de que «corresponde a la Oficina» Andaluza Antifraude «elaborar la propuesta de relación de puestos de trabajo y remitirla a la Mesa del Parlamento de Andalucía para su aprobación», el acuerdo que ha entrado en vigor esta semana recuerda que la Diputación Permanente de la Cámara autonómica aprobó, el 31 de mayo de 2022, la RPT inicial del personal funcionario adscrito a la Oficina, que fue posteriormente «modificada y ampliada» por otro acuerdo de la Mesa del Parlamento de 5 de julio de 2023.
Con ese acuerdo del pasado año se crearon «tres nuevos puestos personal funcionario, necesarios para hacer frente al incremento de la carga de trabajo producida tras la puesta en funcionamiento del canal de denuncias en marzo de ese mismo año».
«TENDENCIA ALCISTA» EN LA ENTRADA DE DENUNCIAS
El acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento este mes de abril defiende que, «en muy breve espacio de tiempo», esa anterior modificación de la RPT «se ha tornado insuficiente, pues desde el verano de 2023 se consolida la tendencia alcista en la entrada de nuevas denuncias, de forma que el ejercicio de 2023 se ha cerrado con un incremento del 1.300% respecto de 2022».
Ese dato «‘per se’ justifica un aumento de la plantilla para hacer frente a incremento de denuncias», según sostiene el acuerdo de la Mesa del Parlamento, que subraya que a eso hay que añadir que la Oficina Antifraude «asume otras funciones derivadas de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que supone la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019».
Dicha ley «ha venido a reforzar el papel de la institución en tanto que autoridad pública independiente con competencias en materia de protección de personas informantes y en lo relativo al registro de personas responsables de los sistemas internos de información que las entidades obligadas a ello deben mantener en cumplimiento de dicha norma», abunda el acuerdo de la Mesa del Parlamento.
FUNCIONES DE LA OFICINA
Además, en este documento se expone que, junto a la de «investigación de denuncias» y «protección», la Oficina «ostenta funciones de prevención como herramienta clave para mitigar los riesgos asociados con prácticas irregulares, corruptas y fraudulentas, ya que busca abordar las causas subyacentes y crear un entorno que evite su proliferación».
De este modo, la Oficina «debe continuar con las acciones que, en este sentido, viene realizando, como han sido la elaboración de un Código Ético para promover e impulsar la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública; o la guía de buenas prácticas en materia de contratación pública en colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz, o las recomendaciones en materia de selección de personal al servicio de las administraciones públicas».
Por todo ello, «a instancias de la persona titular de la dirección de la Oficina, previo informe favorable de la Intervención General del Parlamento de Andalucía y al amparo de la competencia atribuida por el artículo 32 de la Ley 2/2021, la Mesa del Parlamento de Andalucía, en tanto que órgano competente para la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Oficina y sus modificaciones», ha acordado esta nueva modificación de la RPT con la creación de cinco nuevos puestos de trabajo.
En concreto, dos de las plazas creadas son para puestos de «asesor/a técnico/a de Investigación, Protección y Prevención (General)» –según la denominación recogida en el acuerdo de la Mesa del Parlamento–, mientras que otros dos puestos de nueva creación serán para la Unidad de Tramitación Administrativa, y el quinto restante se encuadra en la denominación de asesor/a técnico/a de Investigación, Protección y Prevención (Econ.-Financ.)».
Como requisitos para desempeñar ese último puesto se exige una «experiencia de, al menos, cuatro años en alguna de las materias, funciones o áreas relacionadas con la economía y la hacienda pública, tributos, presupuestos, fiscalización y control económico financiero, auditoría», así como un «título universitario de licenciatura o grado o título universitario oficial de grado equivalente».
Para ocupar cada uno de los otros cuatro puestos de trabajo de nueva creación se requiere una «experiencia de, al menos, cuatro años» y, para los de ‘asesor/a técnico/a de Investigación, Protección y Prevención (General)’ se exige también como requisito disponer de un «título universitario de licenciatura o grado o título universitario oficial de grado equivalente».
