La Junta concluye en su auditoría que los enganches ilegales causan los cortes de luz en algunos barrios de Sevilla. La auditoría externa encargada por la Junta de Andalucía para conocer las causas de los continuos cortes de luz en algunos barrios de Sevilla ha concluido que los enganches ilegales estarían detrás de esos apagones, puesto que los 56 centros de transformación analizados, de los 437 existentes en la ciudad, «disponen de potencia y capacidad suficiente para atender la potencia contratada en estas zonas. Dicho de otra forma, no es la capacidad de suministro la causante de las incidencias en el suministro eléctrico».
Así lo ha expresado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, al término de una reunión con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, celebrada en la tarde de este martes en el Ayuntamiento para abordar el asunto en cuestión.
La Junta concluye en su auditoría que los enganches ilegales causan los cortes de luz en algunos barrios de Sevilla
En este sentido, el total de la potencia contratada se sitúa en el 51% de la disponible en esos centros, si bien hay siete de estos transformadores cuya potencia contratada es superior al 90% de la potencia disponible «y, por tanto, cercanos a su capacidad teórica». Además, ha añadido el consejero, se localizan en zonas donde no hay incidencias reseñables.
Los barrios objeto de este estudio han sido Padre Pío-Palmete, Tres Barrios-Amate; Los Pajaritos, Cerro del Águila, Juan XXIII, Rochelambert, La Plata-Su Eminencia, Torreblanca, Polígono Sur; Bellavista y Valdezorras. Al respecto, se han analizado aproximadamente el 65% de los puntos de suministro –en concreto, 9.768 puntos–, en un trabajo complejo que ha requerido 3.100 horas de trabajo por parte de los técnicos de la empresa auditora.
Asimismo, en 23 de los 56 centros de distribución «sí existe una alta tasa de incidencias». En este análisis se han distinguido las anomalías que corresponden a la empresa distribuidora y las que se atribuyen a usuarios. En cuanto a la empresa, «las más comunes son fusibles con calibres sobredimensionados, puntos de la red de distribución sin aislamiento, tapas de arquetas soldadas y planos de red de distribución de baja tensión que no corresponden con la instalación exigente, entre otras».
En la parte del cliente, las incidencias o anomalías más reseñables «son derivaciones o enganches no realizados por la distribuidora, usuarios conectados directamente sin contrato y sin contador, instalaciones sin protección de fusibles y cuartos de contadores sin posibilidad de acceso debido a cerraduras o candados indebidos», ha enumerado Paradela.
MEDIDAS ACORDADAS POR LA CONSEJERÍA
El Departamento que dirige Paradela solicitará a Endesa un plan de acción para corregir esas anomalías detectadas, como primer punto de actuación. «En segundo lugar, vamos a trasladar a Endesa la necesidad de ampliar la potencia en esos siete centros de distribución que reseñaba antes, que están cerca de su capacidad teórica». Además, «vamos a abrir un expediente sancionador a la compañía distribuidora ante la gravedad de algunas de las deficiencias encontradas en esta auditoría, especialmente la relativa a la colocación de fusiles con calibres incorrectos, que es algo grave».
En este punto, el consejero no ha querido determinar a qué cuantía económica se enfrentaría Endesa con esa sanción, que, según lo recogido por la Ley de Seguridad Industrial las multas pueden alcanzar los dos millones de euros según los casos.
La Junta también trasladará a Endesa la necesidad de acometer inversiones que, a su vez, faciliten la detección de fraudes de fluido eléctrico, la aplicación de tecnologías, datos e Inteligencia Artificial «que facilite esta labor de detección de situaciones fraudulentas». Y por parte de esta Consejería, «estamos estudiando la solicitud al Gobierno de España de revisar el endurecimiento de las penas reflejadas en el Código Penal por fraude eléctrico vinculado a actividades delictivas».
COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES
Tanto el subdelegado del Gobierno como el alcalde han coincidido a la hora de destacar la importancia de un trabajo coordinado entre las tres administraciones. «El consejero ha sido prolijo con nosotros, pero quiero ser prudente en las valoraciones hasta tanto podamos tener el documento completo», ha afirmado Toscano.
«Hemos puesto a disposición de la Junta todo el potencial de la Policía desde un punto de vista de acompañamiento, cuando haya que realizar alguna de las intervenciones, de asesoramiento para mejorar algunos de los dispositivos de seguridad que hay en algunos de los elementos ya hoy disponibles y que creemos que deben ser mejorados para evitar esas defraudaciones».
Sanz ha señalado que espera que «con la coordinación entre las tres administraciones podamos acabar con esta lacra. Es una piroridad de este equipo de gobierno que en todos los barrios se pueda gozar de la misma calidad de vida y no sufrir estos cortes de luz».
RESPUESTA DE ENDESA
Las conclusiones que ha arrojado esta auditoría externa viene a «reafirmar la tesis» de la compañía eléctrica, en el sentido de que «había potencia suficiente que la demandada y estaba contratada», ha asegurado el director territorial de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, en una comparecencia pública nada más conocerse los resultados de ese estudio.
«Según las primeras declaraciones sobre el informe aportado por Applus, la empresa auditora que ha realizado el análisis de las instalaciones de distribución en varias zonas de la capital, Endesa tiene mayor potencia a disposición de los clientes con contrato que la demanda que estos realizan», ha añadido.
La segunda «clave» que se ha destacado sobre esta auditoría se centra en que se han producido manipulaciones en las instalaciones particulares que tienen un mayor número de incidencias «y que suponen un gran riesgo para la seguridad de la red de distribución y para las personas».
«Estas dos ideas claves ratifican que las consecuencias del fraude eléctrico en estas zonas generan las incidencias que afectan a los usuarios», ha concluido el director territorial, al tiempo que ha subrayado la inversión de 12,7 millones de euros desde 2020 para reforzar los centros de transformación y las nuevas líneas.
Asimismo, en muchas ocasiones, estos excesos de demanda «están originados por plantaciones de marihuana que introducen consumos casi industriales en zonas residenciales (una plantación de marihuana ‘indoor’ consume como 80 viviendas de 100 metros), cuya red de distribución no está diseñada para este fin, lo que genera sobrecargas que pueden derivar en sobrecalentamientos de los centros de transformación». En los últimos 4 años se han incendiado 16 de estos centros por sobrecarga en estas zonas.
En lo que a la sanción anunciada por la Junta se refiere, Endesa recalca que se trata de expediente sancionador, «si bien es cierto que se ha especificado que estos defectos no son la causa de las incidencias registradas en los entornos analizados. Este tipo de anomalías se corrigen de manera regular a medida que se detectan o con la ejecución de los trabajos definitivos que se producen un tiempo después de las actuaciones provisionales para reponer el servicio», apostilla la eléctrica.
