El empresario Kilian López, propietario de Azor Corporate, a la que la Diputación de Almería contrató en 2020 para adquirir mascarillas por valor de 2,03 millones de euros, ha defendido este jueves en el Congreso la legalidad de esa adjudicación y ha negado haber pagado comisiones a políticos o funcionarios por esa operación.
Así lo ha dicho durante su comparecencia ante la comisión que investiga los contratos de emergencia en pandemia. López ha rehusado contestar a la mayoría de las preguntas que le han formulado los comisionados alegando que está siendo investigado judicialmente por este asunto.
No obstante, ha realizado una exposición inicial para, según ha dicho, «colaborar» con la investigación y «salvaguardar» su «derecho al honor» pues, a su juicio, se han publicado informaciones «de contenido mendaz y malintencionado» que le vinculan con supuestas mordidas por ese contrato.
EL CONTRATO, IMPECABLE
López ha defendido la legalidad del expediente de contratación. «Son impecables, no se ha cometido la más mínima infracción, ni siquiera de carácter administrativo», ha resaltado, leyendo las opiniones de varios catedráticos que sostienen que incluso «se implementaron garantías adicionales a las exigidas» para la contratación de emergencia.
También ha incidido en que la otra empresa que licitó presentó una oferta con un precio de venta que prácticamente doblaba el de la suya. «Si mi empresa fue adjudicataria del contrato fue únicamente porque ofrecía un mejor precio y no por ninguna otra razón», ha apuntado.
Según ha explicado, el precio de sus mascarillas FFP2 era de 2,6 euros, «muy inferior» al que pagaron otras administraciones como, por ejemplo los 5,1 euros que abonó el Ministerio de Sanidad en la misma época. Y eso fue así, según su versión, porque fijó sus precios de venta basándose en «cifras pre-pandemia» a las que sumó los sobrecostes por la situación del transporte, sin comprometer la calidad del material.
UNA DE LAS COMPRAS MÁS EFICIENTES Y GARANTISTAS
«No solo existió perjuicio material alguno para la Diputación de Almería, sino que fue una de las compras más garantistas, eficientes y contenidas en coste que se hicieron en nuestro país en pandemia», ha sostenido.
«Respecto a las ganancias que yo o las empresas de mi grupo pudieran obtener, son un dato absolutamente intrascendente», ha añadido, incidiendo en que los beneficios que obtuvieron «no pueden ser criminalizados» porque fueron «légitimos», atendiendo a «los riesgos asumidos», la «significativa» inversión y las «garantías requeridas» para asegurar el cumplimiento de los contratos que «eran extremadamente altas».
«Si yo, utilizando mis contactos en China, conseguí el material sanitario a un precio u otro e hice mejoro peor negocio, es algo que debería ser totalmente irrelevante. Lo único importante es que se respetaron todas las normas de contratación y no hubo ningún perjuicio para la Diputación de Almería», ha indicado.
NO SÉ NADA DEL DINERO INCAUTADO
Además, ha recalcado que «lógicamente no se pagó ninguna comisión a ningún funcionario, ni político, ni a nadie a cambio de nada». «Desconozco el origen de las cantidades en efectivo que se dicen incautadas a terceros en el marco de la investigación, pero puedo asegurar que yo no he entregado ninguna cantidad dineraria a nadie», ha apostillado, reafirmándose en este punto en respuesta al diputado ‘popular’ Carlos Rojas.
El portavoz socialista Juan Antonio González Gracia, ha repasado las cantidades que se requisaron a algunos de implicados en esta supuesta trama, citando por ejemplo el caso del exvicepresidente de la diputación Oscar Liria al que se incautaron 178.000 euros en metálico el día de su detención.
«Voy a remarcar una vez más que yo no he pagado ningún tipo de comisión y que, por tanto, del dinero en efectivo que usted comenta, pues no conozco su procedencia», ha respondido el compareciente quien, además, ha negado conocer al presidente de la Diputación de Almería y ha remarcado que el material llegó «en tiempo y forma».
Sí ha reconocido que otra de sus empresas, Pulconal, obtuvo 15 contratos menores de la Diputación de Almería en dos años por valor de 400.000 euros, pese a que, según el diputado socialista, esa compañía carecía de medios y de personal.
El empresario se ha enzarzado con el portavoz de Vox Carlos Flores Juberías, por preguntarle por la investigación que le abrió un juzgado de Barcelona «investigaba si formaba parte de un entramado de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas». «No le puedo tolerar que siga por ahí. Hay un auto de archivo en relación a mi persona y ese delito, donde declara el sobreseimiento libre de la causa», le ha replicado López.
De su lado la diputada de Sumar Engracia Rivera ha avisado de que con «su silencio» contribuía a «acentuar la opinión» que puedan tener los comisionados sobre su vinculación en esta trama, si bien ha dicho comprender que haya optado por no responder a las preguntas para no perjudicar su estrategia procesal.
