PP aprueba en solitario en el Parlamento que Junta reclame otros 135 millones en el caso ERE ante prescripción. El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular con la que expresa su «reconocimiento expreso y parecer favorable» al trabajo del Gobierno andaluz en «la reclamación y recuperación de parte de los fondos malempleados a su propio fin en el denominado caso ERE«, que ha concretado en «el ingreso para el erario público de 27 millones de euros», así como aboga por que «mantenga las acciones y reclamaciones judiciales de otros 135 millones», que justifica en la necesidad de «evitar la prescripción por la inacción de la Administración autonómica».
Este apartado ha cosechado los únicos votos favorables del PP-A, la abstención de Vox en Andalucía y los votos contrarios de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.
PP aprueba en solitario en el Parlamento que Junta reclame otros 135 millones en el caso ERE ante prescripción
La iniciativa del PP-A, que ha defendido el secretario general de este partido, Antonio Repullo, plantea ante «los permanentes ataques que están sufriendo los tribunales de justicia en sus decisiones y el Tribunal Constitucional», la necesidad «más que nunca de respaldar a estas instituciones públicas para que puedan ejercer sus funciones», aunque precisa en cada uno de los casos que haga su trabajo «sin extralimitarse en la interpretación de la legalidad ordinaria».
En el caso del Constitucional afirma que, en el examen de la vulneración de derechos fundamentales, «no se pretenda revisar la valoración de los elementos probatorios de la convicción de una decisión judicial».
En este punto se ha reproducido el esquema de votación del anterior: voto favorable de PP-A, abstención de Vox y rechazo de PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.
El otro punto de la PNL que ha apoyado el Pleno de la Cámara autonómica es la expresión de «su reconocimiento expreso a todos y a cada uno de los órganos jurisdiccionales o tribunales de justicia que han permitido investigar, esclarecer y juzgar, y hacer ejecutar lo juzgado, en las conductas ilícitas y punibles de malversación, apropiación indebida, falsedad documental y demás tipos penales execrables cometidos en su día por los condenados en la gestión del denominado caso ERE».
En ese sentido aboga por la defensa de la independencia de los órganos judiciales «con el solo sometimiento a la Constitución y al imperio de la ley, ejerciendo su exclusiva potestad jurisdiccional», atributo que describe «como actividad imprescindible e intrínseca en democracia, sin injerencia de cualquier clase».
Aquí se han votado favorablemente de forma conjunta PP y Vox con los noes de los grupos de izquierda.
En la exposición de motivos se recuerda sobre la llamada pieza política del caso ERE, que ha juzgado a los exaltos cargos socialistas, que «ha pasado por las manos de al menos 20 jueces en todas las instancias», entre quienes contabiliza a seis magistrados del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla; tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que enjuiciaron el caso; o cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que confirmaron la sentencia y desestimaron los recursos de casación.
Repullo ha asegurado que en el caso ERE hubo «miles de empresas andaluces y trabajadores que tenían el mismo derecho o más a esas ayudas y ni siquiera sabían de su existencia», que ha cuantificado en «9.000 empresas y 120.000 trabajadores que vieron cómo empresas amigas del socialismo se llevaron las ayudas».
Ha pedido a los dirigentes socialistas que «no manipulen» las sentencias del Constitucional sobre los recursos de amparo porque a los exaltos cargos socialistas «ni los declara inocentes ni niega el gran fraude», para afirmar que «los responsables del PSOE mintieron, robaron, se repartieron el botín, fueron juzgados, fueron condenados», antes de concluir que «todo lo demás es delirio, una culpa muy mal llevada» y de pedir al PSOE «regenérense».
PSOE-A CRITICA LA ACTITUD DEL PP-A ANTE LAS RESOLUCIONES DEL TC
En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha advertido a los ‘populares’ de que se «puede discrepar de las sentencias, pero lo que no puede hacer es cuestionar, restar legitimidad y atacar al tribunal que las ha dictado», y en esa línea ha considerado que el Gobierno de Juanma Moreno «está siendo dudosamente democrático y extremadamente irresponsable cuando ataca al Tribunal Constitucional y no acata» sus resoluciones que estiman recursos de amparo de condenados por el caso de los ERE.
Tras ello, el representante del PSOE-A ha reprochado a los ‘populares’ que han dirigido «contra el Constitucional» la «cacería» que antes iniciaron contra los socialistas en torno al caso de los ERE después de que dicho tribunal haya demostrado que aquello fue «una gran mentira», según ha aseverado antes de afear a los representantes del PP que «su afán de conseguir el poder a toda costa les llevó a acusar y pedir prisión a compañeros que se sentaban» junto a ellos en los escaños del Parlamento, y que los ‘populares’ «sabían que eran personas honestas y no corruptas», ha sentenciado.
El diputado de Vox Benito Morillo ha dicho que no conseguía «entender cuál es el fin de esta PNL», y ha criticado que los ‘populares’ «han cuestionado las decisiones» del Tribunal Constitucional en torno a los recursos de amparo de condenados por los ERE, y han considerado que dicha corte de garantías era «un instrumento más del aparato de Moncloa», pero previamente habían «pactado con el PSOE el reparto» de magistrados del TC, por lo que ha pedido a los ‘populares’ que «no se lamenten tanto», porque «de aquellos barros, estos lodos», y ha sostenido que «la independencia del poder judicial está amenazada por el binomio PP-PSOE».
La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha sostenido que los ‘populares’ «podrían haberse ahorrado esta iniciativa», y ha criticado que el PP aplique la estrategia del «ventilador para esparcir culpa» sobre corrupción «a todo el que se mueva a su alrededor» que no sean miembros de su partido. Frente a ello, ha aseverado que «todo el mundo no es igual, y está bien que se hile fino con las cosas», tras lo que ha subrayado que este pasado miércoles se supo que, durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, «pusieron policías para espiar a diputados de Podemos», algo que la también representante de IU ha considerado que reviste de una «gravedad extraordinaria».
Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que el caso ERE «es un tema suficientemente serio, doloroso» y ha pedido que «dejemos de manosearlo», para considerar que «es un enorme caso de corrupción política en los gobiernos socialistas», de la misma forma que fue «un sistema fraudulento de reparto de ayudas», para decir que «ni Chaves ni Griñán se enriquecieron personalmente, que nunca se les acusó de eso, y por eso ninguno de los consejeros debió entrar en prisión».
García ha afirmado que «el PP hace un uso partidista del sistema judicial de este caso y de otros» y que protagonistas judiciales como «la jueza Alaya, tuvieron el objetivo de beneficiar electoralmente al PP», de lo que ha puesto como ejemplo de ello al exconcejal del Ayuntamiento de Sevilla de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, imputado y luego absuelto.
