En pleno arranque del curso escolar, que ayer iniciaron más de 717.000 alumnos andaluces de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, la mirada vuelve a estar centrada en un nuevo conflicto originado entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, esta vez por una partida de 112 millones de euros destinada a poner en marcha 2.900 nuevas plazas de Educación Infantil públicas y gratuitas, y que el ejecutivo de Moreno «a través de una carta» ha rechazado «expresamente esta financiación» , según afirman desde el Ministerio de Educación.
Así lo ha explicado la propia ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, quien ha explicado que tras el rechazo por parte del ejecutivo que preside Juanma Moreno, serán otras siete comunidades autónomas, concretamente las de Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra, quienes se beneficiarán de esta partida para que puedan habilitar estas casi 3.000 plazas para Educación Infantil. «Esta nueva distribución se ha realizado porque «el gobierno de la Junta de Andalucía ha rechazado expresamente la financiación de 112 millones de euros que permitían que 12.000 familias andaluzas pudieran disfrutar de una nueva plaza pública y gratuita para que sus hijos y sus hijas fueran escolarizados a lo largo y ancho de la comunidad autónoma de Andalucía», ha detallado la ministra.
Alegría ha continuado subrayando que es la propia Junta quien, mediante un escrito les traslada «ese rechazo y esa solicitud de devolver los fondos de 112 millones de euros», por lo que ante esta negativa, deciden realizan una nueva distribución «con una nueva convocatoria de 32 millones que se irán complementando hasta llegar a los 112 millones, para que el resto de comunidades autónomas sí puedan habilitar esas 2.900 plazas», ha apuntado la ministra.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, también ha querido manifestar su indignación ante el rechazo económico por parte del gobierno autonómico, alegando que no puede llegar a entender al presidente de la Junta «que por un lado pide más financiación al Gobierno de España, y por otro lado lo que hace es devolver importantes cantidades de dinero por su incapacidad para gestionarlo», ha expresado.
Respuesta de la Junta
La respuesta por parte de la Junta de Andalucía ha llegado a través de la que fuese la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional hasta el pasado mes de julio, Patricia del Pozo, quien ha explicado que este rechazo viene fundamentado por la incompatibilidad de llevar a cabo un sistema paralelo junto al Gobierno central. «Era una irresponsabilidad crear un sistema paralelo cuando el modelo andaluz funciona», comenzaba explicando del Pozo, quien reconocía que la aceptación de esa subvención «hubiese matado a los centros», quitándolos «directamente del mapa», por lo que hubiese sido una «irresponsabilidad».
Asimismo, desde el gobierno autonómico expresan que desde Andalucía se tenía la «absoluta convicción de que se adaptarían los fondos europeos al modelo andaluz», cuya idea no era la de crear 12.000 nuevas plazas de Educación Infantil, ya que cada año «sobran lamentablemente 22.000 plazas».
De esta forma, tiran de datos argumentando que el sector lo conforman 2.200 escuelas -de las que 1.400 son de titularidad privada-, que se ofertan 125.371 plazas, dando empleo a 16.000 personas. «Hay escolarizados 103.000 niños, el 53% de las familias no pagan absolutamente nada y las bonificaciones alcanzan un 75% de todas las familias. Solo en bonificaciones, el presupuesto de la Junta de Andalucía es de 250 millones de euros, imagínense lo que costará la gratuidad al cien por cien de 0 a 3 años», señalaba Del Pozo durante su intervención en la comisión parlamentaria.
