La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias, a través de los Servicios de Consumo provinciales, inspeccionará hasta diciembre un total de 990 establecimientos de restauración en todas las provincias andaluzas en el marco de su Plan Anual de Inspecciones.
En concreto, esta campaña pretende asegurar el cumplimiento de la normativa autonómica referente a la información que deben proporcionar a las personas este tipo de establecimientos, según ha recogido la Junta en un comunicado.
Esta campaña de inspección, de ámbito regional, viene realizándose con carácter continuado desde hace varios años, a excepción de 2020 y 2021, debido a la especial relevancia del sector y su alta demanda por parte de las personas, tanto de Andalucía como de otras Comunidades Autónomas y países.
En la última campaña de 2019, se realizaron 951 actuaciones inspectoras, de las cuales 169 presentaron algún tipo de irregularidad sobre los derechos de las personas, lo que supone el 17,77%, en los 554 establecimientos visitados.
En la campaña del año en curso se pretende hacer hincapié fundamentalmente en una serie de cuestiones en las que se siguen detectando continuos incumplimientos, vigilando, por ejemplo, que los productos de charcutería, queso, moluscos o crustáceos se oferten por unidades de peso, o por unidades según el caso; que los sistemas de pesada estén verificados; que se cumpla la prohibición expresa de que en las cartas, listas de precios o cualquier otro medio de publicidad se refleje la expresión «precio según mercado»; o que cuando se requiera factura reglamentaria o ticket, en función de la categoría del establecimiento, su importe coincida con lo reflejado en la carta de precios y que no se carguen conceptos no reflejados en la lista de precios.
Al igual que en años anteriores, va a revisar el cumplimiento de la normativa que obliga a que los aceites que se ofrezcan en los establecimientos de hostelería y restauración tengan una protección que impida su reutilización o vigilar que se cumple con la prohibición de existencia de las aceiteras rellenables.
La campaña de inspecciones que se desarrollará este año, y que se realizará de forma continuada hasta el 30 de noviembre de 2022, incidirá también en otras cuestiones como la obligatoriedad de disponer de hojas de reclamaciones y de que la información sobre precios y servicios se ajuste a la normativa vigente.
También, se revisará el cumplimiento de la normativa en materia de alérgenos e intolerancias y sobre etiquetado y origen del agua filtrada y envasada para la venta.
