El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha firmado un decreto de declaración de emergencia debido a la caída, la pasada semana, de la cabina principal de almacenamiento del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la institución provincial; una avería calificada como «grave y muy poco frecuente» y en la que trabajan desde entonces los técnicos internos pero también externos y de HP, proveedora del hardware.
Así, ante la «gravedad» de la situación desde el punto de vista informático, que afecta de manera generalizada a los sistemas y comunicaciones de la Corporación, se «fundamenta sobradamente la declaración de emergencia porque su no resolución de manera inmediata e inminente pone en grave riesgo los intereses públicos».
Por ello, añade el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, para la resolución de las eventualidades «sobrevenidas» se realizará la contratación del suministro de una nueva infraestructura de almacenamiento, con soporte y mantenimiento continuo; este último servicio para la cabina principal; la contratación de correo electrónico en la nube y de licenciamiento y mantenimiento de ‘firewalls’ perimetrales.
«Con la adjudicación de los anteriores contratos se resuelve de manera inmediata la emergencia surgida, garantizando la prestación de los servicios públicos y minimizando los daños y los riesgos presentes y futuros», sostiene el decreto, en el que se insiste en que se realiza al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, «que permite la contratación por el trámite excepcional de emergencia pudiendo declararse la misma si concurren acontecimientos catastróficos, situaciones que pongan en grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional y que requieran de una actuación inminente por parte de la Administración para la salvaguarda de las personas y bienes».
Por tanto, se declara la emergencia a la que alude dicha ley (artículo 120) por las circunstancias «sobrevenidas sobre la cabina principal de almacenamiento de esta Diputación, que ha tenido como consecuencia la paralización de todos los sistemas y comunicaciones y el riesgo grave de pérdida de datos».
En el documento se precisa que la protección de los datos, la infraestructura de los sistemas y la arquitectura de las comunicaciones, junto con las medidas de seguridad, «son aspectos esenciales de las actuales estructuras TIC, garantía de mantenimiento de las tecnologías y de la salvaguarda de la información».
Entre los elementos fundamentales para el sustento de los sistemas se encuentran las estructuras de cubo, los centros de proceso de datos (CPD), las cabinas de almacenamiento y las copias de seguridad, se especifica en el decreto, en el que se añade que su implementación, configuración y mantenimiento «son la base de un eficaz y eficiente tratamiento de la circulación de los datos y metadatos informáticos».
Las cabinas de almacenamiento, añade el decreto consultado, son un dispositivo de hardware con soporte para una gran cantidad de discos y una o varias controladoras, cuya función es efectuar agrupaciones de discos y presentar los mismos como uno solo para poder ofrecer el almacenamiento que se desee. Por tanto, indica, «se trata de un sistema autónomo de almacenamiento que se interconecta con uno o varios servidores y dota a estos de una solución independiente de espacio en discos.
En el decreto se detalla el equipo instalado en la institución y se recuerda la «disfuncionalidad» ocurrida en la madrugada del pasado 16 de marzo, cuando «se detuvieron todos los sistemas y se procedió por parte del fabricante a abrir una incidencia», analizándose «de manera inmediata» la afectación y quedándose a la espera de un reinicio de la cabina, «lo que podría conllevar la pérdida de gran parte de la información». El objetivo primero era recuperar el mayor número de datos, intentando minimizar su pérdida o deterioro y recuperar aplicaciones y correos.
También se cayó la protección, lo que supuso una «exposición a ciberataques» y la paralización de toda la actividad de correo electrónico corporativo y la imposibilidad de acceder, «con grave riesgo de pérdida de los elementos entrantes no descargados, afectando a más de 5.000 buzones distribuidos por los municipios malagueños».
Por todo ello, y ante la «gravedad» de la situación desde el punto de vista informático, se ha declarado, la emergencia ya que requiere de una resolución inmediata, en la que se lleva trabajando desde el primer momento.
