CSIF, UGT, CCOO, ISA y USTEA – sindicatos representados en la Mesa Sectorial y en la Comisión de Convenio- se han movilizado este martes en Málaga contra el cese indiscriminado de empleadas y empleados públicos en la Junta de Andalucía y para reclamar unos procesos de estabilización justos y reales.
La protesta, que se ha desarrollado de manera simultánea en el resto de provincias andaluzas, se enmarca en el calendario acordado conjuntamente por las organizaciones sindicales, que arrancó el pasado 30 de marzo con una protesta en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, para denunciar la arbitrariedad de la Junta de Andalucía en la aplicación de los ceses del personal laboral temporal y del personal funcionario interino.
La Administración ha dejado de aplicar la Instrucción 3/2013 para los ceses de personal aplicando retroactivamente la Ley 20/2021, así como la reforma laboral, sin negociar con las organizaciones sindicales con representación en las diferentes mesas de negociación. Todo ello con el objetivo claro de no pagar indemnizaciones, ya que si se aplicara la citada instrucción deberían convocarse nuevamente las plazas en una Oferta de Empleo Público antes del 1 de junio de este año -tal y como marca la ley, bajo los criterios de igualdad, mérito y capacidad por los que se rige el acceso al empleo público-, dando lugar al pago de las indemnizaciones correspondientes en caso de cese.
Son más de 3.000 los empleados públicos, funcionarios interinos o laborales temporales de larga duración, muchos de ellos con más de veinte años de trabajo en la Junta de Andalucía, los que podrían verse afectados a nivel andaluz, alrededor de 800 en la provincia de Málaga.
Las organizaciones sindicales denuncian la falta de transparencia con la que ha actuado la Junta de Andalucía, generando incertidumbre, inseguridad y caos entre los trabajadores por la arbitrariedad y la desinformación. Es la situación que afronta el personal cesado recientemente, notificado verbalmente apenas tres días antes y pese a haberse comunicado el cese por escrito con anterioridad a otras personas, como consecuencia de una interpretación relámpago y sobrevenida de la ley 20/2021 por parte de la Administración.
Para las organizaciones sindicales constituye un atropello este modo de actuar de la Administración por tomar decisiones laborales sin negociación previa, sin texto escrito, sin depurar ni contemplar otros aspectos y criterios de aplicación y tras más de veinte años de consenso en el procedimiento a seguir para la aplicación de los ceses del personal afectado por los diferentes procesos selectivos.
Con esta forma de actuar, se ningunea absolutamente a las trabajadoras y los trabajadores y se despoja a su representación legal de las herramientas básicas para su información y defensa, generando crispación a todos los niveles y dando a entender que se está preparando otra gran vuelta de tuerca que afectará al empleo público y que dará lugar a la privatización de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.
CSIF, UGT, CCOO, ISA y USTEA denuncian que a esta situación se ha llegado como consecuencia de la realización de unos procedimientos selectivos de estabilización que no han sido coherentes con el espíritu que persiguen los mismos, ya que en algunos de esos procesos se han quedado sin cubrir gran número de plazas o se han dejado en la calle muchas personas con infinidad de años de experiencia y sobradamente preparados para el puesto.
Esta situación se produce ante la elevada tasa de temporalidad en la Administración autonómica, que se ha convertido en un problema estructural. Para salir de este atolladero y llegar a un 8% máximo de temporalidad, la Junta ha optado por la solución más radical y deleznable: la amortización de plazas y el despido de cientos de empleadas y empleados temporales e interinos. Todo esto después de años de reducción o anulación de la tasa de reposición, dejando una Administración exhausta que se nutre cada vez más de la empresa privada para sustituir empleo público.
Las organizaciones sindicales se oponen a que la resolución de los procesos sirva de pretexto para ejecutar despidos masivos habiendo plazas vacantes dotadas sin cubrir y a que la Junta de Andalucía acometa continuas medidas restrictivas, con especial saña, en contra del personal temporal e interino, con supresión de empleo y amortización de puestos de trabajo, con pérdida de la experiencia acumulada y en favor del aumento de las privatizaciones en los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía.
