La consejera de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha advertido este domingo que el Gobierno de España plantea una Ley de Bienestar Animal que «asfixia» al sector de la caza sostenible y que se sustenta en «prejuicios ideológicos y en una imagen falsa de los cazadores».
La consejera, que este pasado sábado participó en la Asamblea General de la Federación Andaluza de Caza (FAC), ha insistido en reclamar al Ejecutivo central que «elimine» de la futura ley «todas las trabas» que obstaculicen el desarrollo de una actividad «que es imprescindible para mantener vivas muchas zonas rurales de Andalucía y la conservación de su imponente patrimonio natural».
Crespo ha criticado en un comunicado que el Gobierno legisle «desde planteamientos exclusivamente ideológicos» y sin buscar la «sostenibilidad social y económica» del mundo rural. «Los mismos que dicen trabajar por evitar el éxodo rural son los que plantean leyes que conllevan a que estos pueblos acaben envejecidos o abandonados porque destruyen su modo de vida», ha remarcado.
En este sentido, la consejera ha puesto el acento en que la caza sostenible es vital para el futuro del mundo rural de Andalucía», ya que genera más de 45.000 empleos y 71 millones de euros de beneficios directos. «En una comunidad donde casi 7 de cada 10 andaluces viven en municipios rurales, el sector cinegético es fundamental para la economía de cientos de pueblos y sus vecinos», ha señalado.
Asimismo, Crespo ha hecho hincapié en el papel que desempeña la caza sostenible en la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad de Andalucía. A este respecto, ha resaltado que en una región donde más del 30% de su superficie tiene alguna protección por su valor medioambiental, «los cazadores son cruciales para su conservación».
Asimismo, ha añadido, «durante los meses de restricciones por el COVID, la labor de control de daños que llevaron a cabo los cazadores para proteger la agricultura y la ganadería fue clave», al tiempo que ha recordado que los 7.500 cotos de caza y reservas abarcan más de siete millones de hectáreas de la comunidad.
Por otro lado, la consejera de Desarrollo Sostenible ha insistido en la interlocución permanente que mantiene su departamento con la FAC, «una relación de diálogo permanente» que se reflejó ayer durante la asamblea general celebrada en localidad malagueña de Archidona, donde participó en el acto de clausura junto al presidente de la federación, José María Mancheño.
Fruto de este trabajo conjunto, la Consejería y la Federación Andaluza de Caza han alcanzado nuevos acuerdos de colaboración a fin de respaldar el futuro de la actividad cinegética sostenible y el mantenimiento de las zonas rurales de Andalucía.
Entre otros aspectos, estos acuerdos alcanzados entre la administración autonómica y la FAC inciden en el estudio y censos de la fauna silvestre, en el control de predadores, en la simplificación administrativa, en la actualización y desarrollo reglamentario, así como en la promoción de la carne de caza o la cooperación con universidades y centros de investigación.
«La caza necesita del apoyo de las administraciones para que siga siendo el sostén económico y social de las zonas rurales, además de un elemento clave para salvaguardar la biodiversidad», ha recalcado Crespo, quien ha vuelto a pedir al Gobierno de España que «borre de la Ley de Bienestar Animal toda traba que dificulta el desarrollo de una actividad cinegética sostenible».
