El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el hogar, y que contempla multas de hasta 500.000 euros.
«Es un instrumento jurídico pionero para combatir una ineficiencia en la cadena alimentaria que tiene consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas», ha dicho el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo.
La iniciativa, que comenzará ahora su trámite parlamentario y el ministro espera que entre en vigor el 1 de enero de 2023, estipula que las empresas de la cadena deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.
Solo los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados estarán excluidos de la necesidad de disponer de ese plan, ha explicado el ministro. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el año 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona.
¿Qué implicará esta nueva ley? Entre otras cosas, las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido –salvo en los establecimientos tipo bufé libre o similares-, y deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.
«Esta ley pretende regular y concienciar. Regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación para los bancos de alimentos y concienciar al conjunto de la sociedad para evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro», ha abundado Planas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia aproximadamente el 30% de los alimentos que se producen en el mundo, lo que equivale a unos 1.300 millones de toneladas anuales, y que casi la mitad de este despilfarro se produce en la fase de postcosecha y venta minorista.
La prioridad de destinar los desperdicios al consumo humano se canalizará a través de la donación o redistribución de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
Esto se llevará a cabo mediante acuerdos que deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones. El ministro ha reconocido que esto puede suponer un coste extra para las empresas, pero ha expresado que lo han recibido bien.
Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados y en ningún caso pueden comercializarlos.
