La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar esta próxima semana a un hombre acusado por supuestamente defraudar casi seis millones de euros al no tributar su ganancia patrimonial de 2017 ni en España, donde residía, ni en Noruega, de donde tiene nacionalidad. La Fiscalía solicita que se le impongan una pena de dos años y medio de prisión y el pago de una multa de 12 millones de euros.
Según las conclusiones iniciales del ministerio fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado nació en Noruega pero reside en España desde los años 70, cuando compró una vivienda en Fuengirola (Málaga), y «no ha dejado de ser residente en España aunque ocultara dicha circunstancia con fines a eludir el pago del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas».
La acusación pública señala en su escrito provisional que en 2017 el procesado percibió una «importante ganancia patrimonial», casi 26 millones de euros, por la que supuestamente «no tributó ni en España, donde debía hacerlo, ni tampoco en Noruega, donde llevaba más de 40 años sin tener residencia fiscal, con el correspondiente perjuicio para las arcas públicas».
«Dicha ocultación se realizó de forma deliberada por el acusado, con vistas a enriquecerse injustamente a costa de las arcas públicas», según sostiene inicialmente el ministerio fiscal, quien señala que existe en el procedimiento documentación que acredita la residencia en España del procesado.
Sobre su patrimonio, la fiscal detalla que ese año vendió determinados activos financieros y, sobre todo, acciones de una sociedad, que adquirió la propia empresa. La mayoría de esas acciones fueron una donación recibida de su madre y, según la acusación pública, supuestamente la ganancia patrimonial fue de 25,8 millones de euros.
Tras analizar todos los rendimientos, la Fiscalía malagueña considera que la cuota supuestamente defraudada en 2017 es de casi seis millones de euros. El acusado tuvo conocimiento desde el principio del inicio del procedimiento de inspección y no fue hasta 2020, tras haber declarado como investigado en esta causa, cuando abonó la cantidad reclamada.
Para el ministerio fiscal, se trataría de un delito contra la hacienda pública correspondiente a la defraudación de la cuota del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas de 2017 y pide dos años y medio de prisión, al considerar que se debe aplicar la circunstancia que rebaja la pena de reparación del daño; y multa de 12 millones de euros, así como pérdida del derecho a subvenciones durante cinco años.
El juicio está previsto que se celebre en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga el próximo martes día 21 de este mes, según han señalado fuentes judiciales.
