Deja la puerta abierta a que el juez indague en la posible comisión de otros delitos económicos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el último recurso presentado por la Fiscalía, ordenando el archivo de la investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela que se puso en marcha a raíz de las declaraciones del ex jefe de la Inteligencia de ese país Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.
De esta forma, los magistrados se han alineado nuevamente con el Ministerio Público, que en sus sucesivos recursos contra las diligencias encargadas por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha venido advirtiendo de que se trataba de una investigación prospectiva, según han avanzado varios medios y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
Las fuentes consultadas por esta agencia de noticias indican que la Sala ha cerrado la puerta a las pesquisas por el delito de financiación ilegal de partidos políticos, que se incorporó a nuestro Código Penal con la reforma de 2015, esto es, después de que ocurrieran los hechos sobre los que el titular de dicho juzgado, Manuel García Castellón, estaba poniendo la lupa.
Sin embargo, las mismas fuentes explican que los magistrados han apuntado a la posibilidad de que, en su caso, el instructor reactive el procedimiento para investigar otros delitos económicos o que lo haga el Tribunal de Cuentas.
La Sala ya dio la razón al Ministerio Fiscal en un recurso anterior que supuso limitar las indagaciones a verificar el relato de Carvajal y los testigos señalados por éste, pero sin centrarse en nombres propios como los de los fundadores de Podemos Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.
Se da la paradoja de que cuando los magistrados acotaron por primera vez estas pesquisas, el juez ya había recibido un primer informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) donde se daba credibilidad al relato efectuado por Carvajal sobre las relaciones entre miembros del Gobierno venezolano y fundadores de Podemos, un ‘dossier’ que no fue impugnado por el Ministerio Público, por lo que la investigación pudo continuar en base al mismo.
Ahora se ha dado una situación similar por cuanto el archivo de la Sala llega cuando la unidad policial ya había enviado al magistrado sus últimos avances, de acuerdo con las citadas fuentes.
SEGUNDO ARCHIVO
Es la segunda vez que la Audiencia Nacional emprende una investigación sobre las cuentas ‘moradas’. La primera se cerró en 2016, cuando solo se apoyaba en el denominado ‘Informe PISA’, pero se reabrió el año pasado por la información aportada por ‘El Pollo’ como parte del «proceso de colaboración» con la Justicia española que inició cuando fue detenido para su extradición a Estados Unidos después de pasar casi dos años prófugo.
Las diligencias encargadas inicialmente a la UDEF iban destinadas a verificar lo reflejado en los documentos entregados por Carvajal. Entre ellos, una orden de pago que habría girado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en 2013 para abonar 142.000 dólares a Bescansa, Jerez y Lago por el encargo que les habría hecho para idear el «diseño político comunicacional» del ‘stand’ de la petrolera estatal PDVSA en el Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.
También aportó otra orden de pago que habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para «propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano». En este documento, que fue revelado en 2016 por distintos medios, se citaría expresamente a Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge y Monedero como «destacados profesores» a los que definiría como «aliados naturales de la revolución bolivariana».
Además, en un escrito incluido en este bloque documental, el ex jefe de Inteligencia indicó que Monedero habría recogido en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros que habrían salido de la Embajada de Cuba en Venezuela.
LA DEA Y SU DETENCIÓN
En estos momentos, Carvajal está pendiente de su proceso de extradición a Estados Unidos, que se reactivó el pasado 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA estadounidense, en un piso de Madrid donde vivía «totalmente enclaustrado», conforme describió entonces el cuerpo de seguridad.
La potencia americana le reclama por presuntos delitos de tráfico de armas y drogas. Su entrega a Washington quedó aprobada en 2020, pero no pudo materializarse porque ‘El Pollo’ se fugó en noviembre de 2019, aunque su defensa recalca que nunca llegó a salir de España. Después de varias idas y venidas, su extradición a Estados Unidos continúa paralizada.
El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Chávez y Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.
