Nueve personas con síndrome de Down realizarán prácticas profesionales en la Diputación de Málaga durante seis meses gracias al convenio suscrito este miércoles por los presidentes de la institución provincial, Francisco Salado, y de la Asociación Síndrome de Down de Málaga, Ricardo Fernández-Palacios.
El acuerdo también establece que quienes finalicen el periodo de prácticas en su integridad, y la evaluación de las mismas resulte favorable por los tutores designados, podrán ser contratados laboralmente de forma temporal por la Diputación para favorecer así su empleabilidad.
Salado ha destacado que este convenio «es un reflejo del compromiso de la institución para continuar favoreciendo la integración sociolaboral de personas con discapacidad psíquica, algo que convierte a la Diputación de Málaga en pionera en Andalucía y en una de las primeras de España en fomentar su acceso al mercado al mercado laboral».
En este sentido, ya se han formalizado en la Diputación, por primera vez, dos contratos de trabajo a jóvenes con síndrome de Down, que desarrollan tareas en el Vivero Provincial y en la Delegación de Recursos Humanos.
El acuerdo, con una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga; tiene como principal objetivo la realización de prácticas para que las personas participantes adquieran las habilidades sociolaborales necesarias para mejorar su acceso al mercado de trabajo normalizado.
El contenido y desarrollo de las prácticas contará con el seguimiento por parte del personal técnico asignado por cada uno de los servicios o centros de la Diputación en que se realicen prácticas en calidad de tutor. A la finalización del periodo de prácticas, la Diputación emitirá un certificado individualizado acreditativo de las prácticas realizadas y la duración de las mismas, haciendo mención a su aprovechamiento.
Igualmente, Francisco Saldo ha indicado que, tal como establece la ley, en las ofertas de empleo público abiertas a toda la ciudadanía que próximamente convocará la Diputación de Málaga se incluirán plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental.
«El espíritu de la ley –ha añadido– es contribuir desde las administraciones públicas a generar un empleo estable y de calidad para estos colectivos y, por consiguiente, la posibilidad de facilitarles una integración plena en nuestra sociedad, que permita a su vez que todas estas familias tengan la tranquilidad y el respiro que se merecen».
