Un total de 78.990 malagueños se beneficiarán hasta final de año del incremento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las pensiones no contributivas, entre las 58.106 personas perceptoras del IMV y las 20.884 personas que cobran una pensión no contributiva de invalidez y de jubilación, que experimentarán una subida de unos 60 euros al mes.
Estas son algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley 11/2022, aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 25 de junio y que comenzó a aplicarse el pasado viernes, 1 de julio, han informado desde la Subdelegación a través de un comunicado.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, son 58.106 beneficiarios en total, 22.197 adultos y 21.625 menores en la provincia malagueña. Por su parte, cobran pensiones no contributivas un total de 20.884 personas. De ellas, 13.543 son de jubilación y 7.341 de invalidez.
Han recordado que el Gobierno mantiene la prohibición de cortar el suministro eléctrico a consumidores en situación de vulnerabilidad y prorroga los descuentos extraordinarios vigentes del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% de la tarifa regulada (PVPC), respectivamente.
La norma contempla la renovación automática del bono social eléctrico, que en Málaga repercute sobre 36.200 personas. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta final de año.
La normativa prorroga hasta diciembre el paquete de medidas del mes de marzo (Real Decreto-ley 6/2022) para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y amplía con nuevas medidas la protección social especialmente para los hogares más vulnerables.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que se trata de una normativa que «está enfocada en amortiguar la crisis derivada de la guerra en Ucrania, en beneficio de toda la sociedad pero muy especialmente para aquellas familias que están pasando por mayores dificultades a la hora de afrontar la factura de la luz y del encarecimiento de los precios en general».
Para Salas, «el Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo la única administración que actúa de forma decidida y con medidas concretas y de amplio alcance para amortiguar las consecuencias de la guerra».
OTRAS MEDIDAS
Otras de las medidas que se prorrogan son la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro de combustible que empezó a funcionar el 1 de abril y que se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022. La bonificación beneficia principalmente a los transportistas, pero también al resto de usuarios, que, en Andalucía tiene un impacto directo para más de 4,9 millones de usuarios.
También se prorroga la limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler. En Andalucía el número de hogares que viven en régimen de alquiler asciende a 3.257.700.
Entre las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno se encuentra una rebaja del 10% al 5% en el IVA de la factura de la luz, también, desde 1 de julio, y que extiende el resto de rebajas de impuestos vinculados a la electricidad que estaban en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta rebaja del IVA reducirá la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. El tipo del 5% en el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios no domésticos.
El nuevo decreto-ley incluye además la aprobación de una ayuda de 200 euros para hogares con rentas más bajas, en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros. Esta medida está dirigida a asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo puedan percibir un pago único de 200 euros.
Además, la norma también incluye una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o entidades estatales. El Gobierno ha aprobado, asimismo, ayudas directas para reducir el 30% para los abonos de transporte prestados por las comunidades autónomas o entidades locales, que podrán completar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50% de reducción.
En este punto el delegado del Gobierno ha animado a la Junta de Andalucía a que complete la medida estatal para que la reducción en los transportes autonómicos llegue también al 50% y de esta forma «sea sensible a la difícil situación en la que se encuentran muchos hogares andaluces y contribuya a aligerar la subida de los precios».
Esta medida se aplicará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre y será financiada íntegramente por el Gobierno de España y podrá ser complementada por las comunidades autónomas. Para financiar la medida se destinarán 221 millones de euros.
Además, otra de las novedades que recoge el decreto-ley es la congelación del precio de la bombona de butano hasta final de año en un tope de 19,95 euros, el precio fijado en la última revisión del pasado 12 de mayo.
AYUDAS A SECTORES
El Gobierno ha aprobado nuevas medidas de apoyo a la sostenibilidad del sector del transporte de mercancías por carretera, que en Andalucía beneficia a unas 26.049 empresas, incluidas las personas que trabajan por cuenta propia. Se modifica de manera temporal la fórmula de revisión obligatoria del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio de combustible, para que recoja el peso real en los costes de las empresas, en función del tipo de vehículos.
Junto a ello, se aprueba una medida temporal y extraordinaria para proporcionar transparencia en la fijación del precio en los contratos de transporte de tracto único, exigiendo que las facturas reflejen de forma desglosada el coste del combustible. Todas estas medidas se aplicarán a los transportes por carretera realizados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022.
Asimismo, los más de 325.000 agricultores y ganaderos de Andalucía y las 16 cofradías de pescadores de la comunidad, con cerca de 700 embarcaciones, se beneficiarán, igual que el resto de la ciudadanía, del descuento de 20 céntimos de euro por litro de combustible hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, se establece una ayuda de Estado para industrias intensivas en consumo de gas, entre cuyos beneficiarios se encuentran los productores de fertilizantes.
Además, el decreto-ley contempla medidas que se concretan en ampliaciones de 60 millones de euros en la línea de ayuda a la contratación de seguros agrarios, y de 12 millones en las subvenciones a la obtención de financiación del sector agrario, pymes agroalimentarias y operadores del sector pesquero y acuícola.
Con carácter retroactivo, la flota española que faena en aguas internacionales y reposta fuera de España también se beneficiará de la compensación por el incremento del precio del combustible prevista en los fondos europeos. Asimismo, la línea ICO-MAPA-SAECA se amplía de 10 a 20 millones de euros, con lo que aumenta el potencial de créditos subvencionados hasta 220 millones de euros y 4.300 beneficiarios.
Por su parte, el aumento de la línea de subvención de avales de SAECA, que aumenta en dos millones de euros hasta 4,7 millones, contará con un potencial de 120 millones de euros de crédito subvencionado y 3.400 beneficiarios.
