El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de la próxima semana los recursos presentados por el Gobierno contra dos normas autonómicas, la del Ejecutivo de Castilla y León que considera al lobo una especie susceptible de ser cazada al norte del río Duero y la del País Vasco que permitía imponer restricciones si no se estaba vacunado contra el coronavirus.
Según ha informado la corte de garantías, los magistrados abordarán la ponencia del magistrado Ramón Sáez Valcárcel sobre el recurso contra los artículos de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León que incluyen al lobo entre las especies objeto de «aprovechamiento».
El lobo tenía en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007 –legislación básica del Estado– una protección estricta para las poblaciones al sur del río Duero, pero se admitía su caza controlada para las poblaciones ubicadas al norte del mismo.
Bajo este régimen, se aprobó la Ley de Caza de Castilla y León de 1 de julio de 2021, donde se contempla por ello la posibilidad de caza controlada del lobo al norte del Duero, previa obtención de la correspondiente autorización administrativa.
Sin embargo, tres meses después, el Gobierno aprobó la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 2021 que amplía también la restricción de la caza del lobo al norte del río Duero, abarcando por tanto todo el territorio de España, y alterando la previa previsión legal básica que venía desde el año 2007.
Esta orden fue inmediatamente impugnada por la Junta de Castilla y León ante la Audiencia Nacional mediante un recurso contencioso administrativo, como también lo hicieron gobiernos autonómicos de diferentes signos políticos, como Cantabria, Asturias o Galicia, que en la actualidad se están tramitando.
El Gobierno aduce que dicha orden, aun siendo de fecha posterior, ha hecho que devenga en inconstitucional la ley autonómica aprobada previamente por las cortes castellanoleonesas.
LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA
Otro de los asuntos destacados del próximo Pleno del TC es el recurso del Gobierno contra la Ley del País Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19, cuya ponencia recayó en el magistrado Enrique Arnaldo.
En su artículo 14.3 establece que «la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas por la persona afectada se recogerá por escrito y llevará aparejada como consecuencia la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo o la actividad sujeta a la realización de la misma, así como, en su caso, la posibilidad de que se impongan restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por esta ley».
Moncloa no se dirige contra todo el precepto sino solo contra el inciso del mismo que establece que «se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación» para realizar las referidas actividades.
Asimismo, el Constitucional analizará, en base a una ponencia de Santiago Martínez-Vares, los recursos de Vox contra la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Los de Santiago Abascal impugnaron los artículos que prohíben establecer un régimen de visita o estancia y condicionan la patria potestad para el progenitor que «esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos» o tenga ya condena firme por esos delitos.
La corte de garantías verá también el recurso de Vox contra la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Islas Baleares, cuya ponencia ha correspondido a Inmaculada Montalbán.
Vox señala como inconstitucionales los artículos que fijan como «principios generales» del sistema educativo balear «la construcción de un sistema plurilingüe que tenga como eje vertebrador la lengua catalana» y «la coeducación, la igualdad real entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad sexual, la identidad y la expresión de género y la prevención de la violencia machista».
EL ‘PROCÉS’ EN EL TC
Una vez más, parte del Pleno estará dedicado a revisar diversos asuntos relacionados con el ‘procés’, como los recursos de diputados socialistas, Ciudadanos, Vox y del ex presidente catalán Carles Puigdemont contra distintos acuerdos de la Mesa del Parlament de 2018 y 2021.
Los magistrados avanzarán asimismo en la tramitación de los recursos de PP y Vox por la votación de la reforma laboral, que se salvó por el error del diputado ‘popular’ Alberto Casero al emitir su voto de forma telemática.
Estos recursos de PP y Vox, que ya fueron admitidos a trámite por distintas secciones, se informarán ahora al conjunto de la Sala Segunda en una cuestión netamente formal que no implica estudiar el fondo del asunto.
