El Gobierno ha afirmado que los nuevos impuestos extraordinarios a empresas energéticas y a entidades financieras, anunciados por Pedro Sánchez, no van a afectar a sus clientes. Según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo de coalición prohibirá que esto repercutan en las facturas.
“En la norma tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos”, ha dicho la titular de Hacienda en una entrevista en la SER, en la que ha adelantado que también se dotará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “de todas las funciones para que vigile” en este sentido. Es más, ha remarcado, podrá aplicar sanciones “si alguna de las empresas se separa de la legalidad”.
No obstante, por ahora se desconoce la fórmula que prevé usar Moncloa para que los consumidores no acaben asumiendo esta ‘factura’. Algo que, por ejemplo, ya ha dado por sentado el PP. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado del riesgo de que los nuevos impuestos anunciados por Sánchez los paguen “los de siempre y frene la economía”.
Para el Gobierno es el momento de que “los que más ganan más aporten”, ha sostenido Montero, quien ha dejado claro que el impuesto a las energéticas atañe a eléctricas, petroleras y gasistas. Precisamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ve hoy con patronales del sector energético para abordar la elaboración del plan de contingencia para hacer frente a la amenaza de un posible corte en el suministro de gas por parte Rusia de cara al invierno. Una cita que se produce en pleno choque con el Ejecutivo.
Según ha detallado la titular de Hacienda, se prevé recaudar en torno a 2.000 millones cada año con el gravamen a energéticas y 1.500 con el de las entidades financieras. Es decir, 3.500 millones por ejercicio fiscal. En total, 7.000 millones.
