El pistolero de Tarragona ha fallecido este martes después de que le aplicaran la muerte asistida por petición propia. Ha sucedido después de que el Consorcio Hospitalario de Terrasa (Barcelona) programara para este martes su eutanasia, que la Justicia autorizó al considerar que prevalece su derecho a la dignidad tras sufrir una lesión medular irreversible, frente al de la tutela judicial de las víctimas.
La Audiencia de Tarragona confirmó el pasado 4 de agosto el derecho de Sabau a recibir la eutanasia -avalada por la Comisión de Evaluación y Garantías de los procesos de muerte asistida-, al concluir que prevalecía su derecho a la «dignidad» frente al de la tutela judicial efectiva de las víctimas, que trataron sin éxito de paralizar el proceso hasta que se celebrase el juicio.
El 14 de diciembre del año pasado, Subau disparó contra tres de sus excompañeros de trabajo, que resultaron heridos, en las oficinas de una empresa de seguridad en Tarragona y en su fuga lesionó de un disparo a un mosso en un control, antes de atrincherarse en una masía abandonada de Riudoms (Tarragona), hasta que pudo ser neutralizado tras un tiroteo.
Las víctimas reclaman
El abogado del mosso d’esquadra herido, José Antonio Bitos, que ejerce la acusación en nombre del sindicato USPAC, cree que la eutanasia que hoy se ha aplicado a Eugen Sabau, antes de que pueda ser juzgado, debilita al Estado de Derecho y sienta jurisprudencia para otros delitos graves, como terrorismo o agresiones sexuales a menores.
Ha asegurado a Efe-TV que esta situación, más allá de afectar a la causa concreta por el asalto que en diciembre pasado protagonizó Sabau, permitirá a partir de ahora a los presuntos autores de delitos graves decidir «cómo y cuándo acabar con el procedimiento penal», al terminar con su propia vida.
Bitos ha pedido que se impulse una «reformulación» bien estudiada de la actual Ley de Eutanasia, ya que considera que se aprobó «a toda prisa», sin contemplar todos los supuestos, para que a partir de ahora prevea casos como la muerte asistida en casos de personas acusadas de delitos graves y que todavía no han sido juzgadas.
