La confluencia de IU y Podemos en la Diputación de Málaga pedirá al equipo de gobierno que ayude a los ayuntamientos de la provincia afectados por la instalación de megaparques fotovoltaicos
Así, destacan la «necesaria e imparable expansión de la energía fotovoltaica y eólica» dentro de la transición energética impulsada no solo a nivel estatal, sino comunitario e internacional, desde las energías fósiles hacia las energías de fuentes renovables; pero han advertido de que «la expansión masiva y desordenada» de estas «supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas solares y eólicas».
Muchas de estas plantas de energía renovable afectan, sostienen, a áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de una singular comunidad de flora y fauna en buena medida exclusiva de estos espacios andaluces. Proyectos que, en su mayoría, afectan a zonas y espacios donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea.
En Andalucía, según la moción de Unidas Podemos en la Diputación, consultada por Europa Press, más de 790 proyectos fotovoltaicos están en proceso de tramitación. Se están promoviendo unos 21.000 megavatios de renovables y en un futuro próximo se podrían promover otros 11.000 MW.
Por tanto, antes de la aprobación y desarrollo de estos proyectos, consideran necesario establecer áreas de exclusión para la instalación de proyectos de renovables a gran escala, teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios.
En la provincia, tal como se recogía en la moción institucional del pasado mes de junio, se están tramitando cuatro megaplantas fotovoltaicas en la comarca del Guadalhorce y Sierra de las Nieves. Estas ocuparían la superficie de 750 hectáreas, lo que equivale a 1.125 campos de fútbol. «Su tramitación está avanzada y se encuentra en la Junta de Andalucía, de no pararla cambiará nuestro paisaje y forma de vida de forma irreparable», subraya la coalición de izquierdas.
«Las cuatro megaplantas comparten una impactante infraestructura de evacuación común, que pese a no ser la solución de evacuación más razonable, es la más económica para estas grandes empresas», añaden desde Unidas Podemos, recordando que los proyectos afectan a los pueblos de Álora, Alozaina, Almogía, Cártama, Casarabonela, Coín y Pizarra.
«Entendemos que todos los proyectos forman parte de un plan estratégico por lo que debieran ser sometidas a evaluación especial estratégica de planes y programas y no a la evaluación simplificada y ordinaria que se encuentran en curso», sostienen. Además, no son los únicos proyectos que se encuentran en tramitación en esta zona y en otros municipios colindantes, como son Almogía, Yunquera, Monda, Tolox, Ojén, Valle de Abdalajís, Carratraca, Cañete la Real, Casares, Gaucín, Teba, Almargen, Málaga, Antequera, Archidona, Villanueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos.
A juicio de la confluencia de IU y Podemos, «urge un proceso planificado y racional, sin malas prácticas habituales como el fraccionamiento de proyectos y basado en el mejor conocimiento técnico y científico disponible, generado y contrastado, con independencia de empresas y promotores».
Así, inciden en que es «prioritario» que la implantación y desarrollo en el ámbito territorial autonómico de las instalaciones de energía renovables, se someta a su previa planificación energética estratégica a escala regional, «a fin de garantizar tanto la integración de políticas sectoriales, como muy especialmente incluir la consideración de un medio ambiente bien conservado de forma transversal, así como la protección de los recursos naturales».
Por ello, para que sean un éxito, «es preciso que, entre otras circunstancias, se evite a toda costa la fragmentación de los megaproyectos. Esto puede lograrse al implementar medidas que garanticen la utilización del territorio mediante la planificación, la ordenación y la necesaria participación ciudadana».
Este año, la Diputación ha debatido hasta en tres ocasiones esta situación generada. Además, los ayuntamientos afectados, dentro de sus posibilidades y en colaboración con Plataformas como Aliente, vienen impulsando iniciativas y acciones para proteger el territorio y asegurar un desarrollo sostenible de las energías fotovoltaicas en la provincia, una de ellas la presentación de una Iniciativa Legislativa Municipal.
Dicha iniciativa persigue que se acuerde la suspensión de los procedimientos de instalación de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, se estuvieran tramitando, excepto las pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria; una moratoria temporal inmediata de su tramitación, aprobación y construcción en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición Energética en Andalucía, ya que el Plan de Acción por el Clima de Andalucía no incluye esta planificación.
También reclama la apertura de un periodo de participación pública en relación con la Transición Energética en Andalucía, «que asegure una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones tal y como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente».
La Iniciativa Legislativa Municipal en la Ley queda circunscrita a los ayuntamientos, por lo que las diputaciones aún siendo entidades locales no está contempladas para impulsar este tipo de iniciativas. Sin embargo, a juicio de UP, ante la preocupación y las iniciativas presentadas en esta institución provincial, solicitan que se dé apoyo a la Iniciativa Legislativa Municipal y que se cumplan los acuerdos de pleno para dar apoyo jurídico y económico a los ayuntamientos y a la necesaria coordinación y seguimiento de los megaproyectos con los colectivos y ayuntamientos.
En este sentido, instar al presidente de la Diputación, Francisco Salado, a cumplir los acuerdos plenarios: poner a disposición de los municipios afectados los servicios jurídicos de la Diputación; transferir recursos a los ayuntamientos para que puedan responder a las demandas de colaboración de colectivos y asociaciones afectadas; convocar una reunión con los colectivos ciudadanos afectados, así como con los ayuntamientos y los grupos provinciales.
Igualmente, solicitan una comisión permanente de seguimiento de la situación administrativa y jurídica derivada de los megaparques y que el diputado provincial responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo, redacte un informe del impacto de la construcción de estas infraestructuras en términos de seguridad y protección de la ciudadanía.
