El grupo de Unidas Podemos en la Diputación Provincial de Málaga ha presentado una moción para su debate en la comisión informativa especial de cuentas en la que muestra el apoyo al sector del taxi e insta a la Junta «a poner en marcha las ayudas para sectores afectados por la crisis de la COVID-19 en el sector de transporte anunciadas y pendientes de sus convocatorias antes de la finalización del año».
De igual modo, en la moción, también piden a la Junta establecer un marco regulatorio común para la Comunidad Autónoma de Andalucía para el sector de arrendamiento de vehículo con conductor (VTC) para el periodo transitorio previsto en la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 13/2018, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, incluyendo diversos aspectos.
En concreto, aluden a condiciones de la contratación previa de arrendamiento de vehículos con conductor, estableciéndose un intervalo de tiempo mínimo de 30 minutos entre la solicitud de la prestación de cada servicio contratado y la recogida de los pasajeros de forma efectiva; y exigencia de la cumplimentación del contrato de arrendamiento de vehículos con conductor y de las solicitudes de prestación del servicio contratado, con carácter previo al inicio de la prestación del mismo, debiendo llevarse a bordo del vehículo la documentación acreditativa de dicha contratación o solicitud de prestación de servicios.
También la circunscripción de los supuestos de circulación y espacios de estacionamiento y parada de los vehículos VTC en los términos del artículo 182.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres-(ROTT).
Se trata, han explicado, de cuando los vehículos adscritos a las autorizaciones VTC estén ocupados por personas ajenas a la empresa titular de la autorización, únicamente podrán circular si se justifica que están prestando un servicio previamente contratado mediante la documentación acreditativa correspondiente.
También los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio, permaneciendo estacionados a tal efecto.
En consecuencia, cuando no estén prestando servicio, se establecerá que los vehículos VTC deberán permanecer estacionados fuera de la vía pública, en aparcamientos, garajes o en las instalaciones en que se almacenen durante los periodos de no prestación de servicio, a donde deberán regresar tras la prestación de cada servicio.
Otro de los puntos de la iniciativa de Unidas Podemos pide a la Junta establecer que la geolocalización del vehículo VTC que deba prestar el servicio se producirá una vez se haya contratado o solicitado el servicio por el usuario, que se producirá en cada ocasión que requiera del mismo.
Además, instan al Ejecutivo autonómico a crear una web de control que permita registrar todos y cada uno de los servicios prestados por los vehículos que prestan servicios de arrendamiento de vehículos con conductor en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La finalidad, según la moción, es controlar que no prestan servicios en Andalucía autorizaciones VTC concedidas en otras comunidades autónomas más allá de los límites establecidos legalmente –la conocida regla del 80/20–; y controlar que los vehículos VTC cumplen lo preceptuado en el artículo 182.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).
Por otro lado, piden a la Junta crear un Registro Autonómico de Empresas de Arrendamiento de Vehículos con Conductor, de carácter público y declarar el servicio de autotaxi de la Comunidad Autónoma de Andalucía como servicio de interés general, además del cumplimiento del compromiso adoptado por la Consejería de Fomento de 2019 con el sector del taxi de duplicar el número de inspectores de transporte.
Otro de los puntos de la iniciativa propone instar al Gobierno andaluz a no autorizar subrogaciones o novaciones de autorizaciones de transporte autonómicas que habiliten para continuar prestando servicios urbanos a las actualmente vigentes autorizaciones de ámbito nacional VTC-N más allá del 30 de septiembre de 2022 o de la fecha de finalización de la habilitación temporal prevista en la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 13/2018.
La portavoz del grupo provincial de Unidas Podemos, Maribel González, y la diputada Teresa Sánchez, exponen en la moción, consultada por Europa Press, que en España existen más de 66.000 licencias de taxi y más de 5.500 de VTC.
«Éstas últimas han experimentado un importante incremento desde 2012, aunque fue en 2015, cuando aún no existía un límite de licencias para vehículos con conductor, cuando se alcanzaron las 4.000 licencias, un año antes hablábamos 2.700. A partir de entonces no han dejado de crecer sobre todo en las grandes ciudades», han precisado.
Además, han señalado que, en Andalucía, unas 12.000 familias viven del sector del taxi, «por lo que la irrupción en el mercado de plataformas como Uber o Cabify, entre otras, está provocando conflictos por sus prácticas abusivas y competencia desleal al sector del taxi en toda la comunidad».
Además, han incidido en que en Málaga «esta situación también está afectando de forma directa». Según el Ministerio de Transportes, en la provincia, «nos encontramos con una licencia de VTC (2.330) por cada licencia de taxi (2.591), incumpliendo así la proporción legal establecida, el conocido como 1/30 (un VTC por cada 30 taxis)».
«En un primer momento, desde Izquierda Unida nos opusimos a la liberalización del sector del taxi que se impulsó desde la Unión Europea. En los últimos años, como Unidas Podemos, hemos denunciado los abusos que ha supuesto esta liberalización, ya que muchas de las plataformas que conectan a usuarios con conductores con licencia VTC están usurpando la profesión de taxista y la forma de vida de muchas familias», han recordado en la moción.
Unidas Podemos ha agregado que «el transporte en taxi es un servicio público y no un negocio, y ese carácter está reconocido por la Ley», asegurando que desde la confluencia, con la presentación de propuestas en las distintas administraciones, «seguimos trabajando en defensa del sector del taxis, en esta ocasión lo hacemos con las movilizaciones que ha anunciado el sector de fondo».
Por último, han recordado que para el sector del taxi «la propuesta de decreto ley de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía no entra en los dos pilares de sus reivindicaciones: la precontratación retardada y la proporción máxima legal entre ambos tipos de vehículos».
