Prestan servicios como certificados de nacimiento, defunción, fe de vida, expedientes de nacionalidad, bodas o actos de conciliación.
Los jueces de paz prestan un servicio público a las poblaciones de los municipios menores de 7.000 habitantes, 81 en la provincia de Málaga, asumiendo numerosos trámites judiciales y acercando la administración de justicia a la ciudadanía. Por ello, su supresión, supondría «un duro golpe para los pueblos».
Así lo ha asegurado la presidenta de la Asociación de Jueces de Paz de Málaga (AJPM), Iluminada Regateiro, quien ha reclamado que se dé «marcha atrás a los planes legislativos que se encaminan a la supresión de esta figura tan arraigada desde que fueron implantadas hace casi doscientos años en las localidades que no tienen juzgado de primera instancia o instrucción».
En este sentido, ha defendido la importancia de un servicio público a las poblaciones de los municipios más pequeños, muy afectados por la despoblación, y donde asumen «numerosos trámites judiciales».
La reforma del Código Penal en 2015 «durante el Gobierno de Mariano Rajoy», ha dicho Regateiro a Europa Press, «comenzó reduciendo las competencias de estos juzgados de paz: hasta entonces resolvían juicios de faltas a través de la mediación y ahora ya solo intervienen en juicios civiles de hasta 90 euros».
Además, un reciente anteproyecto, aprobado por el actual Gobierno central el pasado mes de abril, marca el camino para su desaparición: «Se habla que nos van a sustituir por oficinas de justicia, pero no queda claro y difícilmente van a cubrir a las poblaciones de menor población. Es muy grave, teniendo en cuenta que en la provincia de Málaga contamos 103 municipios, de los que 81 son menores de 7.000 habitantes. Se está generando gran incertidumbre y malestar», ha sostenido.
A juicio de la presidenta de la AJPM en Málaga, la supresión de los jueces de paz «supondría un paso más en el proceso de pérdida de servicios que vienen sufriendo las localidades de menor población» pero, además, ha recalcado que «sería perjudicial para la convivencia».
«Los jueces de paz –ha enfatizado– son personas que la vecindad considera cercanas, que respetan y en las que tienen confianza, por lo que facilitan que se llegue a acuerdos y favorecen el entendimiento y la cohesión».
Desde el colectivo también han apuntado que el servicio de los jueces de paz supone un ahorro significativo para los vecinos en determinados trámites relevantes y evita desplazamientos hasta juzgados en otras poblaciones. «Por ejemplo, los jueces de paz oficiamos bodas de forma gratuita, a diferencia de los notarios, que cobran por ello», ha aclarado.
Los jueces de paz son elegidos por los ayuntamientos por un período de cuatro años y atienden numerosos trámites como: inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, certificados de fe de vida, expedición y duplicados de libros de familia, capitulaciones, expedientes de nacionalidad o cambios de apellido.
También notifican actos judiciales, celebran actos de conciliación «que evitan juicios y contribuyen a reducir el colapso de la justicia; y también han realizado labores de protección de pruebas en sucesos como accidentes de tráfico y están siempre a disposición para auxiliar a los distintos juzgados».
«La eliminación de los jueces de paz no responde a una cuestión económica, ya que las asignaciones no llegan ni a 4.000 euros al año, a pesar de que estamos disponibles las 24 horas, es un cometido que realizamos de forma vocacional, como un servicio a nuestra vecindad», ha remarcado Regateiro.
La figura de los jueces de paz data en España de mediados del siglo XIX. Tiene una larga tradición en otros países europeos, en los que siguen vigentes, como Reino Unido, Bélgica o Escocia e, incluso, en otros continentes, como demuestra su implantación en Canadá.
