El sindicato se movilizará en todas las provincias andaluzas por las carencias en Sanidad, Educación, Justicia y la Administración General, para visibilizar la realidad de sus profesionales y cuestionar la apuesta que dice tener el Ejecutivo regional al respecto.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se movilizará este miércoles 23 de noviembre ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, a las 10:00 horas, contra el deterioro de los servicios públicos básicos y de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas que los sustentan. Esta concentración, que tendrá lugar de forma simultánea en todas las provincias andaluzas, se desarrollará bajo el lema ‘Servicios Públicos, lo primero’, y su objetivo es denunciar las carencias en Sanidad, Educación, Justicia y en la Administración General autonómica.
Con ello arranca un calendario de protestas con el que se quiere visibilizar la realidad que viven los profesionales en los distintos servicios del sector público, que difiere sustancialmente de la que describe el Ejecutivo andaluz, según CSIF, que cuestiona además la apuesta que el Gobierno autonómico dice tener por dichos servicios, con una progresiva externalización de los mismos, como está ocurriendo en la Sanidad, en el Servicio Andaluz de Empleo o en el servicio del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de Educación.
Después de que la central sindical se echara a la calle el pasado 24 de septiembre en Madrid con una gran concentración a nivel nacional por el deterioro de los servicios públicos y la falta de medidas al respecto del Ejecutivo central, ahora lo hace contra el déficit de personal que acumulan en Andalucía los ámbitos sanitario, educativo de Justicia y de la Administración General de la Junta –competencia de la comunidad autónoma– y que el sindicato cifra en 45.000 trabajadores y trabajadoras a nivel regional.
La sanidad pública andaluza, por su parte, cuenta con 16.000 efectivos menos, según recoge la plantilla media del segundo trimestre de 2022 del Servicio Andaluz de Salud en relación a la media del año 2021. Igualmente, en el sistema sanitario público hay actualmente 12.000 trabajadores y trabajadoras a los que les expira el contrato a 31 de diciembre próximo y que deberían hacerse estructurales, en consonancia con las necesidades que cubren.
CSIF reprocha a la Administración que “haya olvidado el valor real y la entrega de los profesionales de la sanidad pública, que son a los que aplaudíamos desde nuestras ventanas en el confinamiento”, a juzgar por decisiones como por ejemplo recortarles la productividad (el conocido como CRP) por segundo año consecutivo.
En cuanto a la Educación Pública en Andalucía, lamenta la destrucción de unidades en la escuela pública, con 1.256 menos en los últimos tres cursos escolares completos, y el hecho de que no se haya aprovechado la bajada de la natalidad para recudir la ratio. Igualmente, denuncia el exceso de burocracia innecesaria que afecta al sistema educativo público y cuya eliminación podría traducirse en efectivos de apoyo y desdobles.
La atención a la diversidad constituye también una asignatura pendiente, ya que el incremento de los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en el sistema no es proporcional el creciente número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), de manera que la Junta de Andalucía quiere hacer más con mucho menos de lo necesario y esto es lo que provoca que exista una crítica unánime por parte de la comunidad educativa en este sentido.
CSIF cifra en 12.000 los profesionales que sería necesario incrementar en las plantillas docentes de Andalucía para que estuvieran adecuadamente dimensionadas: 6.000 efectivos del Cuerpo de Maestros, 4.600 de Secundaria y 1.400 de PT y AL para la atención a la diversidad.
Por otra parte, en materia de Justicia CSIF estima que Andalucía necesita más de 50 nuevos juzgados y ampliar las plantillas en unos 500 efectivos más para poner fin a la Justicia tardía, al tratarse un déficit que es histórico y estructural. En cuanto al Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía, cuenta con una plantilla muy envejecida además de no cubrirse las jubilaciones y las bajas que se producen. Además el sindicato recuerda que en 2030 jubilarán 11.533 trabajadores y trabajadoras, entre funcionarios y personal laboral, según datos de la propia Administración.
