El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja) ha cerrado el año 2022 con una cifra récord de resoluciones emitidas, y ha reducido la demora de alrededor de once meses a menos de 45 días, según ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que ha inaugurado este jueves la XIII Reunión Reunión de Coordinación de los Tribunales de Recursos Contractuales que operan en España.
El Tarcja, que vela por la legalidad de los contratos públicos de cualquier administración, ha resuelto a lo largo del pasado ejercicio 639 recursos planteados contra resoluciones de la administración pública, que incluyen los 555 presentados a lo largo de 2022 y 84 más que estaban pendientes a principios del pasado año, correspondientes a ejercicios anteriores. La consejera de Economía ha destacado el «esfuerzo que ha hecho el Tarcja para reducir en los últimos dos años los plazos de resolución de los recursos».
España ha subrayado a través de un comunicado que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja) es un órgano independiente que vela por que las contrataciones de la administración pública, no sólo la autonómica, sino también de las corporaciones locales y universidades, entre otros, se ajusten a la legalidad.
«Les aseguro», ha señalado la consejera durante su intervención en la jornada inaugural, «que el Gobierno andaluz se siente muy orgulloso de la labor de vigilancia que ejerce el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, pues ese celo, esa alerta constante para que los contratos públicos se ajusten a lo que se tienen que ajustar, hace que nos pongamos la pilas, que no caigamos en la tentación de administrar indebidamente los recursos de todos los ciudadanos, y que cada día nos esforcemos por hacerlo un poco mejor».
La consejera ha puesto de relieve que «hacer las cosas bien es garantía de éxito, especialmente en el ámbito público, donde hay que tener especial celo con el uso del dinero público, para que éste llegue a donde tiene que llegar y lo haga en el menor tiempo y con la mayor eficiencia posibles».
En este sentido, la labor de vigilancia que realizan los tribunales administrativos constituye un elemento fundamental, ha explicado la consejera, para «generar confianza entre las empresas entre las empresas que participan en los procedimientos de contratación, y entre los ciudadanos a los que se les prestan los servicios para los que se celebran dichas contrataciones».
«En la capacidad de generar esa confianza», ha indicado la consejera, «radica buena parte del éxito de la gestión de un Gobierno. Y en mantenerla, en no defraudar a los ciudadanos, radica el resto».
España ha destacado que «la contratación es un instrumento fundamental en el desarrollo de las políticas públicas y tiene una indudable relevancia económica en nuestro país, donde representa el 21,8% del total del gasto público, alcanzando el 11,4% del PIB. Sólo en Andalucía, cada año se celebran 15.000 licitaciones públicas, que representan en torno al 13% del total de las que se celebran en España».
LOS NÚMEROS DEL TARCJA
El Tarcja es, tras el Tribunal Central, que depende del Estado, el que más recursos resuelve en España. El objeto de los recursos que atiende el Tarcja lo constituyen todo tipo de contratos públicos: obras, suministros, servicios, encargos, concesiones, entre otros, y en cualquiera de sus fases (preparación o publicación de pliegos, adjudicación, modificación, rescate).
De los 555 recursos presentados ante el Tarcja en 2022, el 47% (261), se han dirigido contra actos de la administración autonómica y el 45,9% (255), contra actuaciones de las corporaciones locales. El 4,86% (27) ha resuelto asuntos que eran competencia de las universidades y el tres por ciento (17) eran decisiones de otros órganos administrativos.
En conjunto, la mayoría de los recursos (66,81%) se han desestimado (36,77%) o inadmitido (30,04%). Y el 30,51% de los recursos se han estimado total (14,86%) o parcialmente (15,65%). El 2,68% restante ha decaído por desistimiento. Respecto al tipo de contratos impugnados, la mayor parte corresponde a contratos de servicios (69,7%), seguidos por los de suministros (21,8%) y en menor medida por los de obras (4,3%), mixtos (2,1%), gestión de servicios públicos (0,7%).
