El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha acordado que se tome declaración como «imputado» al gerente de la sociedad municipal de aparcamientos de la capital (Smassa), Manuel Díaz, tras la denuncia por presunto acoso laboral presentada por la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica de dicha empresa Trinidad Rodríguez.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha indicado este lunes, a través de su cuenta de Twitter, que la justicia «decide investigar al gerente de Smassa, Díaz Guirado, tras la denuncia de la jefa de la Oficina Técnica», en la que «relata amaños de contratos y acosos».
Según un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado a finales del diciembre pasado, la jueza abre diligencias tras esta denuncia por acoso laboral y señala que los hechos que resultan de las actuaciones realizadas previamente «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
En este sentido, y para avanzar en la investigación de los hechos denunciados, la instructora acuerda que se tome declaración «al imputado» Manuel Díaz; así como a la denunciante como perjudicada y a otras cuatro personas como testigos, entre ellas el edil de Movilidad, José del Río.
Ante la apertura de este procedimiento judicial contra el gerente de la sociedad municipal, Pérez ha señalado en Twitter que los socialistas «exigimos al alcalde, Francisco de la Torre, que lo aparte inmediatamente mientras la justicia actúa».
En la denuncia, consultada por Europa Press, se indica que los hechos consisten principalmente «en graves actos hostiles y humillantes que de manera reiterada ha realizado el denunciado hacia la denunciante», en la mayoría de los casos en relación con la obra del aparcamientos en la calle Pío Baroja, aunque no habría sido la única.
En dicho escrito, la denunciante señala que por razones que desconoce «desde el inicio de la promoción de aparcamientos sitos en la calle Pío Baroja fui presionada», indicando que supuestamente se le «insistía en la necesidad que la empresa referida debía ganar» la licitación, aunque ella ya había puesto en evidencia que «era la peor propuesta en cuanto a organización» de la obra.
Además, informó de que «la oferta económica recibida de la UTE parecía demasiado reducida» y alude a retrasos en las actuaciones y a supuestos incrementos de precios, apuntando que, «sorprendentemente», en esa obra la forma de actuar era, al parecer, «al revés», ya que «a priori se acepta por la dirección, gerente y/o el concejal cualquier modificado, intentando luego buscar una justificación técnica y jurídica a una propuesta de reclamación económica de la UTE».
La situación generada llevó a la denunciante a activar el protocolo interno en Smassa contra el acoso, tras lo que se le comunicó «la modificación sustancial de las condiciones de trabajo hacia la misma tanto como una forma tanto de represaliarla como de evitar testigos incómodos para el denunciado ante la actitud de la compareciente de no tolerar graves irregularidades».
Dichas supuestas «irregularidades» podrían implicar, presuntamente, «la comisión de ilícitos penales con graves perjuicios tanto para la Smassa como para la propia denunciante, si hubiera aceptado participar en dichos actos». Esto fue denunciado públicamente por la perjudicada en un pleno del Ayuntamiento de octubre del pasado año.
