La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, inyecta en Málaga 47,6 millones de euros materia de incentivos a la contratación y apoyo empresarial. En la provincia, este tipo de ayudas se tramitan en un promedio de 37 días.
Así lo ha dado a conocer este miércoles la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, quien ha presentado el balance de gestión de incentivos a la contratación y apoyo empresarial ejecutado en la provincia durante el pasado 2022.
«Nunca antes se había invertido tanto en incentivos a la contratación indefinida y ayuda al tejido empresarial de manera tan rápida, tanto en la tramitación como en el cobro de las ayudas», ha subrayado.
Sánchez Sierra se ha centrado en las ayudas destinadas al apoyo de las personas autónomas, incentivos al comercio, ayudas para la prevención de riesgos laborales e impulso a la contratación indefinida en empresas y personas autónomas, destacando «el gran impacto que han tenido las ayudas al empleo estable, que han incentivado 10.721 nuevos contratos indefinidos en las empresas malagueñas con una cuantía de 37,5 millones de euros».
«Con estas ayudas –ha subrayado– hemos querido impulsar la reactivación del mercado de trabajo y la recuperación y creación de empleo estable en todos los sectores productivos, destacando en Málaga la hostelería y la construcción, como sectores más beneficiados».
También ha resaltado la rapidez del trámite de solicitud de estas líneas de ayudas, lo que ha facilitado la labor a las empresas demandantes: «en apenas tres minutos», y la posterior agilidad y celeridad con la que la administración ha gestionado y tramitado las 20.896 solicitudes malagueñas, «cuyo promedio ha sido de 37 días».
Ha comentado el trabajo realizado por el Servicio de Economía Social y Autónomos, en el que se han tramitado ayudas por valor de 8 millones de euros (8.054.778) que han hecho posible el impulso de la actividad económica de 1.202 autónomos y 192 cooperativas malagueñas.
«Con estas ayudas estos nuevos autónomos han podido establecer sus actividades económicas, modernizarse digitalmente mejorando su competitividad, conciliar su vida laboral y familiar, incorporar nuevos socios y sustituir bajas por riesgo de embarazo, consiguiendo así una mayor presencia de la mujer en el trabajo autónomo», ha enfatizado.
La delegada ha señalado que a esta gestión hay que sumar las ayudas económicas por valor de 1,7 millones de euros que se han tramitado desde el Servicio de Comercio, de las que se han beneficiado 223 pymes malagueñas, de las cuales, 19 son artesanas y 8 son asociaciones.
El sector, que supone el 22% de los establecimientos en Málaga, precisa, según Sánchez Sierra «una mayor competitividad que lo haga más resiliente», por lo que con las ayudas, las pymes comerciales y artesanas han podido «desarrollar proyectos de modernización digital renovar sus establecimientos, promover y fortalecer el asociacionismo y dinamizar y promover el comercio minorista y urbano», a lo que ha añadido que los comercios «son un sector estratégico para la economía de la provincia por su dimensión, atracción y valor añadido que supone a los barrios y centros de las ciudades».
Por otro lado, haciendo mención al trabajo desarrollado desde el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), ha resaltado la inversión realizada en esta materia, con dos líneas de incentivos que podían alcanzar en algunos casos, hasta los 15.000 euros. «Un total de 32 pymes malagueñas han podido aumentar su inversión en PRL y/o poner en marcha actividades de mejora de la integración de la prevención en sus centros de trabajo, para lo que, se ha destinado 308.820 euros durante el año pasado».
Para finalizar, Sánchez ha puesto en valor el trabajo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, destacando como uno de los hitos principales la aplicación de robots inteligentes en los procesos administrativos.
«Con esta iniciativa hemos conseguido el pago efectivo de ayudas a nuestro tejido económico y empresarial en tiempo récord, logrando que el dinero llegue a sociedades y trabajadores autónomos cuando más lo han necesitado, evitando así el cierre definitivo de sus negocios, la pérdida de empleo y el daño irreversible a la estructura productiva y social del territorio», ha concluido.
