Foto: Europa Press
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha acordado rechazar incluir un nuevo bloque en el juicio del caso ‘Astapa’, sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga), como había pedido el fiscal, para abordar el origen de la investigación, que las defensas de los acusados han cuestionado por su supuesta vinculación con el comisario José Manuel Villarejo. Además, ha anulado las escuchas telefónicas.
Así consta en un auto, de 210 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se resuelven las cuestiones previas planteadas tanto por el fiscal como por las defensas de los 50 acusados en este caso, que comenzó a investigarse hace 15 años, al inicio del juicio el pasado mes de enero.
En dicha resolución se declaran nulas las escuchas autorizadas en virtud de auto de 29 de marzo de 2007, cuando empezó la investigación; así como la de todos los autos de prórroga de las mismas. Asimismo, se anulan los registros realizados en el domicilio de uno de los acusados y en las sedes sociales de dos empresas.
Igualmente, se declaran nulos los autos de detención de tres acusados, entre ellos el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía entonces; así como las resoluciones por las que se prorrogó el arresto del anterior y del entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos.
Se ordena excluir los delitos de cohecho que se imputaban a tres procesados, aunque la causa sigue contra ellos por el resto de delitos que le achaca el ministerio público. Asimismo, se da cuenta del archivo de las actuaciones respecto de dos investigados para los que el fiscal ya retiró la acusación y se archiva la causa respecto de dos mujeres citadas como partícipes a título lucrativo.
La investigación en este caso comenzó a raíz de una denuncia presentada por dos ediles, David Valadez –que luego fue alcalde– y Cristina Rodríguez–, ambos del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el PES. Había 50 acusados –aunque para algunos se ha estimado la prescripción de delitos y otro ha llegado a un principio de acuerdo– y se han investigado delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación.
