La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha convocado manifestaciones este sábado, 25 de marzo, en todas la provincias andaluzas por una atención primaria «fuerte y sólida» y un sistema sanitario «público, eficiente y equitativo», al tiempo que no descartan acciones jurídicas contra la orden de tarifas que permite concertar consultas de atención primaria con la sanidad privada.
Así lo han indicado en rueda de prensa telemática, en la que han participado Mercedes Sánchez, fundadora de la Marea Blanca de Málaga; Marta García, miembro de la Mesa en Defensa de la Sanidad
Pública de Granada; Sebastián Martín, miembro de la Marea Blanca de Sevilla; y Antonio Vergara, portavoz de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.
De este modo, Sebastián Martín ha señalado que para «la sanidad pública la salud es un derecho, mientras que para la privada la enfermedad es un negocio» y «en función de ese concepto, todo proceso de privatización requiere un deterioro del sistema público para que la gente se vea forzada a recurrir al privado». Al respecto, ha apuntado que en los últimos 15 años la sanidad pública «ha sufrido una descapitalización de en torno a los 20 millones de euros, lo que ha supuesto un déficit» en todos los aspectos, y ha añadido que «junto a esta situación de precariedad y recortes sucesivos, vino la pandemia que provocó una situación límite».
Mercedes Sánchez, por su parte, ha afirmado que «privatizar la atención primaria «es un atentado gravísimo contra todos los usuarios y pacientes», al tiempo que ha subrayado que «el derecho a la protección de la salud ese un derecho constitucional y no lo están cumpliendo», mientras que Marta García se ha referido a las listas de espera en la primaria, de las que ha dicho «son tales» que este nivel asistencial «pierde su función social, rompe la definición de atención primaria que debe ser accesible y cercana a la población».
De otro lado, Antonio Vergara ha destacado que la reivindicaciones de la Marea Blanca «están fundamentadas y no son eslóganes, ni frases repetidas sin fundamento, sino planteamientos analizados siempre con la visión de lo público, de que todos los derechos sean universales y de la misma calidad para todos». Además, ha querido dejar claro que no representan los interese de ningún partido político, sino «la exigencia de derechos para los andaluces».
«Animo a los andaluces a que las manifestaciones del 25 de marzo
sean históricas, porque tenemos que demostrarle al Gobierno andaluz la fuerza del poder social», ha manifestado el portavoz de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.
«ES UN ESCÁNDALO Y UNA PROVOCACIÓN»
Por otra parte, y cuestionados sobre si se plantean llevar a los tribunales la orden de la Consejería de Salud y Consumo sobre la tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS), Sebastián Martín ha explicado, tras tacharla de «escándalo y provocación», que a partir de «la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, la puesta en marcha de una normativa con cierta entidad no puede ser tratado por el procedimiento de una simple orden».
«Lo que el Gobierno andaluz ha planteado con esta orden es como una actualización de una orden de tiempos del PSOE sobre tarifas de los servicios para la sanidad privada», pero esto que se ha aprobado «no es una actualización, sino que tiene aspectos que suponen un cambio en profundidad: permite el uso de las instalaciones pública por parte de la medicina privada y la inclusión de la atención primaria como uno de los servicios que se pueden concertar con la privada».
«Con esto, y teniendo también en cuenta que aunque fuese una orden específicamente está establecido que debe consultarse a los sectores afectados directamente, y en este caso los sindicatos no han sido consultados», lo «he consultado con los servicios jurídicos del Parlamento del grupo Unidas Podemos, y han corroborado esa impresión inicial, que es claramente un indicio de que es de dudosa legalidad la orden publicada».
Además, «los servicios jurídicos de CCOO y Facua, entre otros, están de acuerdo en una acción conjunta desde el punto de vista jurídico», con lo que después del 25 de marzo «nos vamos a reunir en el Parlamento para ver las acciones legales que se pueden llevar a cabo», ha finalizado Martín.
