La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha expresado este lunes su desacuerdo con la «supresión» de la figura de los jueces de paz en municipios de menos de 7.000 habitantes conforme al anteproyecto de ley al que el Gobierno ha dado el visto bueno ya que ello tendría una «afección notable en Andalucía» donde la «gran mayoría» de municipios son de menos de 7.000 habitantes.
La medida «podría suponer un fuerte varapalo para pueblos que recientemente han perdido oficinas bancarias, cajeros automáticos y otros servicios similares», según ha indicado la FAMP en una nota.
Para el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, «no parece muy razonable aprobar planes y medidas para combatir la despoblación y, a su vez, legislar para seguir recortando los servicios públicos precisamente en los municipios más pequeños».
El órgano municipalista ha incidido en que los jueces de paz prestan un servicio público «muy importante» en los municipios más pequeños, de modo que son «numerosos los trámites que realizan» como la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, certificados de vida, expedición de libros de familia, capitulaciones, cambios de apellido o expedientes de nacionalidad, entre otros.
Por ello, el presidente de la FAMP ha solicitado al Gobierno que «se replantee la reforma legislativa en tramitación de forma que se mantenga la figura de los jueces de paz que lleva implantada casi doscientos años en aquellas localidades más pequeñas que no cuentan con juzgado de primera instancia ni de instrucción».
«La reforma del Código Penal de 2015 ya recortó las competencias y funciones de los Juzgados de Paz y ahora el nuevo anteproyecto podría acabar definitivamente con esta figura de cercanía y confianza para la ciudadanía», han valorado desde la FAMP.
Para Rodríguez Villalobos, «la posible eliminación de los jueces de paz no está justificada desde el punto de vista de la eficacia ni puede responder a una cuestión de ahorro económico, ya que las asignaciones que perciben los jueces de paz no alcanzan los 4.000 euros anuales».
En esta línea, ha puntualizado que, «precisamente, para quienes sí puede suponer un ahorro mantener los jueces de paz y el servicio que prestan, es para los vecinos de estas localidades más pequeñas, que al poder realizar algunos trámites relevantes en su pueblo evitan el tener que desplazarse hasta los juzgados de otras poblaciones, que habitualmente suelen estar localizados en las cabeceras de comarca».
«Todas las administraciones debemos contribuir a que los pueblos menores de Andalucía reviertan la situación que vienen padeciendo en los últimos años, en los que se están perdiendo servicios tanto públicos como privados, obligando a la población a desplazarse para trámites sencillos pero muy importantes a varios kilómetros de distancia, lo que supone una incomodidad en todos los casos y un problema mayúsculo para las personas de mayor edad», ha concluido.
