El Gobierno de España destina 15,3 millones de euros a 186 proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en su modalidad de Garantía de Rentas en 96 municipios de la provincia de Málaga.
La cantidad total destinada al PFEA en sus dos modalidades (Garantía de Rentas y Empleo Estable) se ha incrementado un 4,5% respecto a 2022. Desde 2018, el Ejecutivo Central ha aumentado la inversión total un 24% en este programa, han informado desde la Subdelegación en un comunicado.
Estas cantidades se han aprobado este martes en la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno por la Comisión de Seguimiento de PFEA Málaga, que preside el subdelegado, Javier Salas, y que está formada por representantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), sindicatos y organizaciones agrarias.
El Programa de Fomento de Empleo Agrario se divide en dos programas específicos; por un lado el Programa de Garantía de Rentas, dotado con 15,3 millones de euros y por otro el Programa Generador de Empleo Estable, que cuenta con 4,48 millones de euros.
Este programa tiene como objetivos, por un lado, mejorar y crear nuevas infraestructuras en los municipios donde se desarrolla y, por otro, garantizar empleo y rentas a los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios.
El PFEA ha generado en el año 2022 unos 12.300 empleos en toda la provincia y unos 226.000 jornales, beneficiando a la totalidad de municipios y Entidades Locales de la provincia, que ejecutan más de 300 proyectos en los dos programas específicos, Garantía de Rentas y Generadores de Empleo Estable.
El Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, financia el 65% de estos proyectos. El resto de la financiación corresponde a las administraciones regional, provincial y local.
Según han señalado desde la Subdelegación, el PFEA «es una herramienta vital para los municipios de la provincia de Málaga, sobre todo para los que tienen una actividad mayoritariamente agrícola, cuyo objetivo es mantener el empleo de los trabajadores del campo malagueño durante la época de paro en el campo».
Se trata de actuaciones diversas fundamentalmente de reparación y modernización de infraestructuras urbanas de servicios, culturales, deportivas y agrarias, así como medioambientales y forestales o la puesta en marcha de instalaciones para actividades productivas.
Este programa está encuadrado dentro de las Políticas Activas de Empleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Andalucía. Se determinó en 2022 con el Real Decreto 4/2022 y posteriormente con el Real Decreto 18/2022 de 18 de octubre la reducción del número de jornadas reales cotizadas para acceder a la renta agraria a favor de los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios deberá ser igual o superior a 20 y 10 jornadas cotizadas, respectivamente, considerándose acreditado las 35 jornadas cotizadas que históricamente eran necesarias para acceder a la renta agraria.
En el PFEA de 2022 se introdujo como novedad, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), un programa de formación en alfabetización digital destinado a mujeres del entorno rural que pretende acercar y dotar a las mujeres que viven en estos municipios del conocimiento para acceder a las nuevas tecnologías rompiendo la brecha digital y abriendo nuevas oportunidades a la búsqueda activa de empleo.
Dicho programa, que comenzó en mayo de 2022, tiene vigencia hasta año del próximo año, y tiene como beneficiarias a mujeres contratadas con el PFEA o que hayan sido contratadas en el Programa desde su puesta en marcha en 1997. Los cursos son presenciales, gratuitos y con una duración de 26 horas cada uno.
Es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien destina créditos con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los costes salariales y de cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales.
Estas contrataciones deben tener por objeto la ejecución de proyectos de interés general y social, siempre que sean competencia de las corporaciones locales y que sean ejecutados en régimen de administración directa o en régimen de adjudicación.
