La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado prorrogar «hasta el final del presente periodo de sesiones» –que concluye en diciembre– el «plazo máximo» de tiempo para que el grupo de trabajo relativo a medidas urgentes para combatir la sequía en Andalucía realice su «cometido».
Así se recoge en un acuerdo adoptado por la Mesa el pasado miércoles, 6 de septiembre, y consultado por Europa Press tras su publicación este lunes en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
«La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 54.3 del Reglamento de la Cámara, ha acordado prorrogar al Grupo de Trabajo relativo a medidas urgentes para combatir la sequía en Andalucía el plazo máximo para la realización de su cometido hasta el final del presente periodo de sesiones», reza literalmente el referido acuerdo, rubricado por el letrado mayor del Parlamento, Manuel Carrasco.
Esta decisión coincide con el primer aniversario del acuerdo del Pleno del Parlamento que dio luz verde a la creación de este grupo de trabajo en la Cámara andaluza a iniciativa del Grupo Socialista, que contó para ello con los apoyos del PP-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox votó en contra.
El objetivo de este grupo es «analizar la situación de sequía en Andalucía con todos los agentes sociales implicados» e «impulsar medidas concretas del Gobierno andaluz, dentro de sus competencias, con actuaciones y medidas que aseguren el abastecimiento a la población y a las instalaciones que presten servicios de interés general, así como a los restantes usuarios de acuerdo con el orden de prioridad que se establezca para el uso agrario, industrial, turístico y otros usos no urbanos en actividades económicas».
«Estudiar los criterios de modulación de las dotaciones de agua, con el objeto de garantizar una superficie mínima a regar que permita unas rentas básicas para los usuarios agrarios y la supervivencia de la arboleda y los cultivos permanentes», es otro de los objetivos del grupo de trabajo.
Igualmente, se busca «regular y establecer el apoyo técnico y las medidas de auxilio económico a las Administraciones locales y entidades públicas implicadas en el ciclo integral del agua de uso urbano», así como «plantear sinergias entre las distintas Administraciones públicas con el fin de conseguir la mayor eficacia en las distintas actuaciones, así como las medidas de fomento a otras entidades y particulares para la realización de los objetivos de la planificación hidrológica».
Aunque su creación fue acordada en septiembre de 2022, no fue hasta el pasado mes de abril cuando se celebraron las primeras comparecencias programadas en este grupo de trabajo, entre las que figuraron las de representantes de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de las ocho diputaciones provinciales, de comunidades de regantes, de asociaciones de agricultores, de catedráticos, o de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
