La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha concentrado este miércoles en Málaga en protesta por el incumplimiento del Acuerdo firmado en 2018 por parte de la Junta de Andalucía y para exigir la recuperación de las ayudas de Acción Social y de la parte autonómica de las pagas extra detraídas a los empleados y empleadas públicas de sus nóminas en los ejercicios 2013 y 2014.
Cerca de un centenar de personas ha participado en la protesta ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, que se ha desarrollado simultáneamente en el resto de provincias andaluzas y que continuará el próximo 4 de octubre con una concentración regional ante el Palacio de San Telmo. Bajo el lema ‘La Junta no cumple’, CSIF ha puesto en marcha este calendario de movilizaciones para exigir a la Administración que cumpla con lo pactado.
El Acuerdo Marco de 13 de Julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones del trabajo del personal del sector público recogía tanto la recuperación de las Ayudas de Acción Social –que dejaron de concederse en 2011- como la restitución de las cantidades dejadas de percibir en los conceptos de pagas adicionales o complemento específico en su caso de los ejercicios 2013 y 2014.
Esta dilación responde a la falta de voluntad política de la Junta de Andalucía, que lleva un lustro mareando la perdiz para seguir incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz.
En la provincia de Málaga son más de 53.300 las empleadas y empleados públicos que no tienen acceso a estas ayudas de Acción Social y alrededor de 43.000 los que sufrieron el recorte del tramo autonómico en las pagas extra de 2013 y 2014, de los sectores de sanidad, educación, justicia y administración general de la Junta de Andalucía.
Todas las comunidades autónomas de nuestro país a excepción de Andalucía han recuperado las ayudas de Acción Social, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Dichas prestaciones -que permiten, por ejemplo, una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario- adquieren aún más relevancia en un periodo de dificultades económicas para las familias como el actual, ha destacado el responsable sindical.
Respecto a la parte autonómica de las pagas extra de los años 2013 y 2014, Andalucía es la única comunidad que ni siquiera ha hecho el intento de devolverla. Por ello, CSIF denuncia que la Junta de Andalucía ha convertido a las empleadas y empleados públicos andaluces en los únicos del territorio nacional que siguen sin poder acceder a las prestaciones de Acción Social, ni han podido recuperar las pagas extra de 2013 y 2014 después de toda una década.
CSIF ha actuado con responsabilidad y flexibilidad en relación a los años de crisis y los difíciles momentos vividos durante la pandemia de la Covid-19. No obstante, defiende que ha llegado el momento de alzar la voz para que los empleados y empleadas públicas accedan a lo que les corresponde por derecho, sin más excusas y sin más demoras.
