Acusaciones populares piden al CGPJ que evite que Begoña Gómez acceda al juzgado por el garaje. La acusaciones populares del ‘caso Begoña Gómez’ han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corrija la decisión de la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, de permitir que la esposa del presidente del Gobierno acceda a los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje para declarar como investigada. También han solicitado a la decana que informe del coste total del despliegue policial organizado para esta comparecencia.
En el recurso de alzada, al que ha tenido acceso Europa Press, Hazte Oír e Iustitia Europa defienden que Begoña Gómez «no ostenta cargo público alguno ni cuanto menos es autoridad», por lo que afean que se le concedan «determinados privilegios» –como acceder al edificio judicial por «las cloacas» y no por la entrada principal– por ser «esposa del presidente del Gobierno».
Acusaciones populares piden al CGPJ que evite que Begoña Gómez acceda al juzgado por el garaje
Así las cosas, ambas acusaciones solicitan al CGPJ «la suspensión cautelarísima del acuerdo gubernativo y todas las medidas coercitivas contenidas en él». Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press señalan que los vocales podrían tardar algunas semanas en dar respuesta al recurso porque antes tendrían que designar ponente, elaborar informe y remitirlo a la Comisión Permanente.
Además de recurrir el acceso por el garaje, las acusaciones también recurren la decisión de la juez decana de limitar el acceso a la sede judicial a los abogados, procuradores y particulares que deseen acceder a la sexta planta, donde se ubica el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.
En dicho acuerdo, Del Barco ordenó que todos ellos «deberán acreditar ante el personal de seguridad o agentes de la Policía Nacional que están citados para la realización de cualquier actuación procesal ante dichos juzgados, pudiendo ser requeridos para que exhiban su carnet profesional».
La decana de Madrid acordó esta medida después de que en la declaración de Gómez del pasado 5 de julio accedieran a la planta del juzgado personas que no estaban entre las agencias de noticias acreditadas y que posteriormente grabaron imágenes en el interior del edificio –algo que no está permitido– que llegaron a difundirse en redes sociales.
ACUSAN A LA DECANA DE «EXTRALIMITARSE»
Hazte Oír e Iustitia Europa consideran que este acuerdo «atenta contra la esfera profesional de los abogados». «No es posible llevar una causa de miles de folios sin acudir con nuestro equipo legal hasta la puerta del Juzgado», apuntan.
A su juicio, el acuerdo adoptado es «nulo de pleno derecho al extralimitarse en sus funciones, prohibiendo el acceso al juzgado a aquellos letrados que vengan en compañía de los ejercientes». La medida, sostienen, vulnera el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.
Insisten en que «el acuerdo no es tendente a ordenar y organizar el acceso a las diferentes sedes judiciales del partido judicial, sino a impedir el ejercicio profesional de los abogados que debemos comparecer en los procedimientos judiciales, todo ello provocado porque la ciudadana Begoña Gómez tiene que ser tratada de manera diferente».
Critican el «despliegue» policial que se llevó a cabo el pasado 5 de julio, cuando Gómez acudió a su primera citación, y aseguran que debe suponer «un coste económico elevado, del que se desconoce quién abonará dicha factura». «Gómez, al ser una ciudadana más, debería abonar todo el coste del despliegue en los Juzgados», apuntan.
Al margen, Hazte Oír e Iustitia Europa junto al resto de acusaciones populares –Manos Limpias y Movimiento por la Regeneración Política– y bajo la dirección letrada de Vox han presentado un escrito ante el Juzgado Decano de Madrid para reclamar que «se informe del coste total del despliegue personal y técnico ocasionado por las declaraciones de Begoña Gómez».
