Andalucía estrenará el año 2022 con la entrada en vigor este sábado 1 de enero de la nueva Ley de Tasas y Precios Públicos, que actualiza la norma vigente desde 1988 con el objetivo de simplificar las tasas reguladas para adecuarlas a los servicios públicos que realmente presta la Junta de Andalucía y suprimir aquellas que gravaban servicios inexistentes.
La nueva norma, que fue aprobada el pasado 22 de diciembre con los votos de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox tras incorporar 29 enmiendas de los grupos parlamentarios, pretende acabar con la dispersión de preceptos tras refundir en un único texto la regulación de las tasas y publica el importe actualizado de las tarifas en euros, pese a las dos décadas transcurridas desde la llegada del euro.
La ley establece un abanico de beneficios fiscales para mayores de 65 años, menores de 18 años y jóvenes (se incorporan los menores tutelados por la Junta), víctimas del terrorismo, demandantes de empleo y personas con un grado de discapacidad acreditada igual o superior al 33%.
Entre otras, se prevé la exención del pago de las tasas por expedición de títulos académicos y profesionales no universitarios, de la tasa por los servicios académicos y administrativos de las Escuelas Oficiales de Idiomas, de la tasa en materia de enseñanza náutico-deportiva, y de la tasa por inscripción en las convocatorias de la Junta de Andalucía para la selección de personal.
BONIFICACIÓN A LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE TASAS
La norma incluye como novedad un beneficio fiscal para fomento del uso de la administración electrónica, que se aplica a todas las tasas que se presenten de forma telemática. Otras bonificaciones buscan promover la digitalización de determinadas zonas y afrontar el reto demográfico en las tasas por ocupación de vías pecuarias, por ocupación de monte público a instancia de parte y por ocupación y aprovechamiento de bienes de dominio público para fomentar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones.
Entre las tasas de nueva creación se recogen, en cultura, la tasa por la utilización o usos especiales de espacios en instituciones culturales gestionados por la Comunidad Autónoma de Andalucía; en salud, la tasa por tramitación de autorizaciones de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y de almacenes de distribución de medicamentos; en materia de medio ambiente, la tasa por servicios administrativos de concesión de la Etiqueta ecológica de la Unión Europea.
Entre las tasas que se mantienen figura la tasa de inscripción en las convocatorias que realice la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la selección del personal; en materia de fomento, la tasa por ordenación de transportes mecánicos por carreteras; o en materia de comunicaciones, la tasa por autorización de negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual.
La Ley pospone la entrada en vigor de las tarifas de la tasa por servicios administrativos en materia de industria, energía y minas y de la tasa por utilización o usos especiales de espacios en instituciones culturales gestionadas por la comunidad autónoma hasta que se dicten y entren en vigor las órdenes específicas que deberán regularlas.
Según la Junta, la finalidad de la nueva Ley de Tasas y Precios Públicos no es recaudatoria y sí persigue sufragar el coste administrativo del servicio que presta la Administración, sin exceder del coste real, que abona el beneficiario del servicio, de forma que Andalucía se sitúa en la media de las tarifas tributarias que existen en el conjunto de las comunidades autónomas.
