Andalucía se ha sumado a otras comunidades autónomas y a colectivos profesionales, sociales y económicos y ha suscrito un manifiesto por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbanístico acordado en el marco del Encuentro Autonómico Xacobeo 21-22 por un Urbanismo responsable, celebrado en Santiago de Compostela y en el que se dieron cita las autoridades competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
La Junta ha explicado a través de un comunicado que el manifiesto, que nace del consenso entre administraciones, se marca como objetivo el fortalecimiento de la coordinación en materia de ordenación del territorio y urbanismo entre el Estado y las comunidades autónomas. También se estrechará la cooperación entre las comunidades autónomas para garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad así como el desarrollo sostenible del territorio.
Para ello se insta a que se dote de seguridad jurídica al ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo, ante las «reiteradas» declaraciones de nulidad radical del planeamiento territorial y urbanístico en sede judicial a causa de vicios formales. De igual manera, se emplaza a aplicar los ajustes legales oportunos para la adecuada interpretación y correcta puesta en práctica de los principios que rijan un urbanismo responsable que, a su vez, sea sostenible, social, económica y medioambientalmente equilibrado.
El manifiesto también reclama la simplificación de los procedimientos y la coordinación y agilización de los informes sectoriales en la tramitación del planeamiento territorial y urbanístico; la desprofesionalización de la acción pública; y la regulación básica de los Municipios incluidos en la Red Natura ya que la aplicación automática a los mismos del régimen general del suelo rústico de especial protección, sin matices, limitaría las posibilidades de desarrollo y progreso socioeconómico de esos municipios.
Además de Andalucía, han suscrito dicho manifiesto las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los firmantes se ponen a disposición del Estado para conseguir dichos objetivos.
A este manifiesto se han adherido colectivos profesionales, sociales y económicos tales como el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa), los Colegios Oficiales de Arquitectos de Córdoba y Huelva, la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ciccp), el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Andalucía Occidental, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Fadeco Promotores el Círculo Empresas Andaluzas Construcción, Consultoría y Obras Públicas (Ceacop),la Asociación Provincial de Construcción y Promotores de Málaga y la Asociación Constructores y Promotores de Obras de Jaén.
A ello se suman la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco), la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor), la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (Asprica), la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Huelva y su provincia (AECO), la Asociación de Promotores Constructores de Edificios de Asempal-Almería, la Asociación de Promotores y Constructores de Granada y otras administraciones Públicas como la Diputación de Málaga y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
