La Comisión Europea ha dado luz verde este jueves al fondo de ayudas regionales para España para el periodo 2021-2027 que contempla mayores dotaciones para Canarias, seguida de Castilla- La Mancha, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla.
Así, Canarias, por su condición de región ultraperiférica, recibirá la ayuda máxima para grandes empresas del 50%. Le siguen, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla, donde la dotación máxima de las ayudas a las grandes empresas alcanza el 30% al encontrarse entre las regiones más desfavorecidas de la UE, con un PIB per cápita inferior al 75% de la media de la UE.
Murcia contará con una ayuda máxima para las grandes empresas de entre un 15% y un 20%, tras experimentar un desarrollo económico positivo, igual que Teruel y Soria, que se incluyen en esta clasificación por tratarse de zonas escasamente pobladas, con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Además, Galicia, Asturias, Cantarbia, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Baleares, Huesca y parte de Castilla y León, Zaragoza, Madrid, Cataluña, Navarra y el País Vasco podrán recibir ayudas de hasta el 15% para hacer frente a las disparidades regionales.
La Comisión ha aprobado también una aumento en la dotación de ayudas a grandes empresas de entre el 15% y el 25% para Salamanca y Zamora, debido a su pérdida de población elevada en la última década.
En todas estas zonas, el porcentaje de ayudas podría aumentar en diez puntos porcentuales si se trata de inversiones efectuadas por medianas empresas y en 20 puntos porcentuales si se trata de pequeñas empresas, con costes subvencionables de hasta 50 millones de euros para inversiones iniciales.
El fondo de ayudas regionales se enmarca en las directrices sobre ayudas de finalidad regional revisadas y tiene como objetivo apoyar a las regiones europeas menos favorecidas en su recuperación y reducir la disparidad en términos de bienestar económico, ingresos y desempleo. Además, supone una ayuda para las regiones que se enfrentan a retos estructurales como la desploblación, o transiciones como la digital y ecológica.
Las directrices sobre las ayudas de finalidad regional revisadas fueron adoptadas por la Comisión Europea el 19 de abril de 2021 y entraron en vigor el 1 de enero de 2022 y se articulan como un mecanismo de protección para evitar que los Estados miembros utilicen fondos públicos para favorecer la deslocalización de puestos de trabajo de un país a otro dentro de la UE, algo esencial para una competencia leal en el mercado único.
