La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones que se llevan a cabo en el Plan Nacional Contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, ha detenido a cinco personas por la supuesta comisión de delitos de organización criminal, maltrato animal, contra la salud pública, falsedad documental, fraude alimentario, apropiación indebida, denuncia falsa, robo y hurto de ganado ocurridos en localidades de la provincia de Málaga y Córdoba.
La investigación, en el marco de la denominada operación ‘Populus’, se inició en el mes de febrero de 2023 cuando los agentes localizaron un matadero clandestino ovino y caprino ubicado en una explotación ganadera de la localidad de Álora, momento en el que su propietario, acompañado de dos personas, fueron sorprendidas cuando daban muerte a varias cabezas de ganado caprino.
La investigación pudo determinar que una de las personas identificadas en el matadero ilegal era el propietario de una tienda de complementos para el cabello situada en Málaga, si bien se pudo comprobar posteriormente mediante una inspección llevada a cabo por agentes del Seprona y por inspectores del Servicio de Sanidad y Consumo de Ayuntamiento de Málaga, que además de la venta de los citados complementos, también ejercía como tienda de ultramarinos donde se hallaron dos arcones congeladores que albergaban 300 kilogramos de carnes y productos de origen animal de venta al público de dudosa procedencia y trazabilidad.
Además de la tienda de ultramarinos, los guardias civiles realizaron cuatro inspecciones más en explotaciones ganaderas ubicadas en las localidades de Álora y Cártama con la colaboración de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Cártama y Antequera, han indicado desde la Guardia Civil en un comunicado.
Así, con esta operación se ha desarticulado esta organización, esclareciéndose cuatro denuncias interpuestas previamente relacionadas con el robo de ganado, al que retiraban el crotal identificativo, llegando a colocándoselo a otro para darle apariencia de legalidad al enviarlo al matadero para comercializar su carne e introduciéndolo en la cadena alimentaria, con el consiguiente peligro para la salud pública. La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Coín.
