La Audiencia de Sevilla tiene citados para este jueves a los representantes de todas las partes personadas en la causa del procedimiento específico mediante el cual la Junta de Andalucía financiaba expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; un caso saldado con la condena de los ex presidentes socialistas de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves; «para llevar a efecto los emplazamientos solicitados» por el Tribunal Constitucional, que el pasado mes de junio admitía a trámite los recursos de amparo presentados por Griñán y Chaves, entre otros de los ex altos cargos autonómicos condenados en este proceso; ante la sentencia condenatoria.
«Habiendo recibido oficio del Tribunal Constitucional solicitando que sean emplazados todos los representantes procesales, requiérase a los mismos para que el día 28 de septiembre de 2023 a las 10,30 horas se personen incluidos los que han presentado demanda de amparo, para llevar a efecto los emplazamientos solicitados», figura en esta diligencia de ordenación emitida el pasado 1 de septiembre por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y recogida por Europa Press.
El pasado mes de junio, como ha sido señalado, la Sala Segunda del Constitucional admitía a trámite los recursos de amparo de Griñán, Chaves, la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero del ramo Jesús María Rodríguez, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrias, el exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano y el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera.
PENAS DE CÁRCEL
Recordemos que de todos ellos, Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez y Carmen Martínez Aguayo están actualmente en prisión por el delito de malversación incluido respecto a ellos en la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, toda vez que en el caso de Griñán, su pena de cárcel por malversación está suspendida cinco años merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal y en el caso de José Antonio Viera, aunque inicialmente entró en prisión actualmente goza del tercer grado penitenciario por motivos de salud.
En el caso de Juan Márquez, su pena de cárcel está suspendida provisionalmente, después de que el Supremo estimase parcialmente su recurso de casación y redujese de su pena de prisión de siete años y un día, a tres años, al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño.
SUSPENSIÓN DENEGADA
Precisamente este pasado martes, el Tribunal Constitucional acordaba denegar las peticiones de Juan Márquez, Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, en demanda de la suspensión provisional de sus penas de prisión durante la tramitación de sus recursos de amparo, toda vez que Griñán había desistido ya de su petición en ese mismo sentido, dada la suspensión acordada en su caso por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.
Para denegar dicha medida cautelar, el Constitucional esgrimen la «abundante jurisprudencia», al tratarse de «una pena de prisión netamente superior a los cinco años, sin que las razones alegadas por los demandantes de amparo hagan desaparecer el cualificado interés general que, en un caso como este, presenta la ejecución de la resolución condenatoria firme».
Señalando la «gravedad» de las penas, el pleno del Tribunal Constitucional ha tenido en cuenta además que «la naturaleza, gravedad y trascendencia social de los hechos enjuiciados operan como parámetro decisivo para no acceder a la suspensión interesada».
