El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Fuengirola, denuncia que la empresa que tiene la concesión del suministro del agua en esta localidad y ha exigido hoy al gobierno municipal que realice una auditoría de las cuentas de la empresa concesionaria de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, Gestagua, ante “la más absoluta falta de control que, de manera sistemática, a la que están sometidas desde hace años”.
El portavoz de la formación naranja, Javier toro, señala que desde hace años, el equipo de gobierno, en contra de lo dispuesto en el contrato, ha hurtado a la Intervención municipal de su labor de fiscalización y ha incumplido lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación al control financiero, hasta el punto de que la empresa no justifica su facturación y ningún técnico municipal revisa las facturas.
Esta ausencia de control hace imposible saber si el Ayuntamiento está percibiendo el canon que le corresponde teniendo en cuenta que el contrato no prevé una cantidad fija, sino que el Consistorio debe recibir toda la diferencia entre los ingresos (unos 8 millones de euros, según declara la empresa) y los costes (alrededor de 6 millones). Al margen de esto, Gestagua, con el beneplácito del equipo de gobierno, se está atribuyendo —en contra del criterio de la Intervención municipal, basado en la doctrina de la Audiencia Nacional y lo dictaminado por el Consejo Consultivo de Andalucía— su derecho a percibir el beneficio industrial (equivalente al 10% de los costes totales de los servicios, unos 600.000 euros anuales) a pesar de que la vigencia del contrato finalizó el 30 de septiembre de 2017 al alcanzar el límite máximo legal de 25 años.
Ante esta situación, el Grupo Municipal Cs ha registrado hoy una moción para que el Pleno para cumplir con lo dispuesto en los artículos 219.4 y 220 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las propias Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Fuengirola y se realice una auditoría de las cuentas de Gestagua. En la propuesta se solicita también que la empresa devuelva el dinero que ha percibido en concepto de beneficio industrial desde que se extinguió el contrato (unos 2 millones de euros), que no vuelva a percibir cantidad alguna por este concepto y que el Ayuntamiento le aplique las sanciones económicas que prevé el contrato y que le ha perdonado el equipo de gobierno por motivos como el pago del canon fuera de plazo, la no presentación de documentación obligatoria y el retraso en la presentación de otros justificantes, algo que se repite de manera sistemática. Todos estos incumplimientos están considerados en el pliego como infracciones “graves”.
Además, la formación liberal reclama que se licite el servicio “a la mayor brevedad” ante el flagrante incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y la vulneración de los principios de igualdad, no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia al haberse alcanzado el límite máximo legal de 25 años (la empresa lleva gestionado el servicio desde hace más de 29 años tras ganar un concurso convocado para diez).
