La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza multiprofesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS),denuncia que la falta de personal y la mala gestión de la Administración sanitaria están propiciando más agresiones a los profesionales de la sanidad pública, que en Andalucía aumentaron un 16% en 2021, pasando de 1.042 a 1.208 casos, según los datos oficiales del propio SAS.
Con motivo de la celebración este sábado, 12 de marzo, del Día Europeo contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, el sindicato ha lanzado una campaña bajo el lema ‘Cero agresiones ¡Basta ya!’, con la que exige tolerancia cero frente a la violencia física y verbal y reclama más recursos y medidas de protección ante esta creciente conflictividad, agravada durante la pandemia por la falta de recursos humanos en los centros sanitarios.
El alto nivel de contagios de la sexta ola, el colapso de Atención Primaria, el retraso en la atención de patologías no Covid, la presión hospitalaria y una mayor crispación social han provocado un aumento en el número de agresiones, ante lo que CSIF demanda, entre otras cuestiones, más plantilla, más personal de vigilancia, cambios normativos para combatir este tipo de conductas, mejor adaptación de los lugares de trabajo para que sean más seguros ante las agresiones, así como más campañas de sensibilización, según ha detallado.
Asimismo, CSIF pide que se facilite una mayor formación al conjunto del personal de la sanidad pública andaluza sobre cómo actuar ante casos de agresiones a profesionales de este ámbito, ya que precisamente la falta de formación es uno de los puntos mejorables del Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
En este sentido, aboga por que se proporcione una adecuada formación tanto a los cargos intermedios como a los delegados de Prevención de Riegos Laborales (PRL), así como a los profesionales de la sanidad pública andaluza en general.
Existe un desconocimiento por parte de los profesionales de cómo activar el plan tras sufrir una agresión, en qué casos deben acudir para que se les realice un parte de lesiones o en qué situaciones pueden interponer denuncia. CSIF, que considera que se trata de una realidad muy preocupante tras llevar tantos años con planes al respecto, lamenta que en muchos casos se normalicen situaciones de violencia verbal hacia los profesionales, y recuerda que el sindicato continúa desarrollando la campaña HABLA, orientada a visibilizar y posibilitar que los profesionales que sufren este tipo de agresiones verbales las denuncien.
Por otra parte, CSIF expresa su disconformidad con el hecho de que no se produzcan las reuniones trimestrales con los referentes policiales para analizar la situación en cada una de las provincias, tal y como recoge el Plan de la Administración sanitaria para analizar qué tipo de medidas preventivas y de protección es necesario potenciar para reducir las agresiones.
La central sindical recuerda que el citado plan es para todos los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, incluyendo al personal de las Agencias Sanitarias, que se encuentran en proceso de integración en el SAS, por lo que se deben ir articulando los mecanismos para que se traslade todo el desarrollo que durante años se ha trabajado en la aplicación de la Ley de PRL en el SAS.
La sobrecarga de las Unidades de Prevención, que deberían ser reforzadas, es otra de las deficiencias apuntadas por el sindicato, que defiende además una mayor concienciación de la ciudadanía en general, así como potenciar la figura del trabajador o trabajadora social de Atención Primaria como agentes clave para la comunicación con colectivos potencialmente conflictivos en determinadas zonas.
En la actualidad dicha mediación es prácticamente “inexistente” debido a la carencia de profesionales de esta categoría para desempeñar esta labor fundamental en Primaria, que el año pasado acaparó seis de cada diez agresiones.
Además, el sindicato advierte de que los botones antipánico no están en todos los servicios y en ocasiones no están cerca de donde se produce la agresión, al tiempo que reclama que deben plantearse medidas estructurales o de protección colectiva, así como una dotación adecuada de vigilantes de seguridad.
Hace dos años CSIF dirigió una petición a la Consejería de Salud para introducir una serie de modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, con el objetivo de adecuar el régimen sancionador ante casos de agresiones a los empleados públicos que trabajan en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía a la realidad actual, de manera que sirva de medida disuasoria.
CSIF lamenta no haber recibido respuesta a esta iniciativa, que pretende que “todas las infracciones sean explícitamente expresadas”, para que no existan márgenes de interpretación para que alguna de las conductas de este tipo queden sin sancionar, al tiempo que propone que la Administración sanitaria actúe de oficio.
