La defensa de varios de los acusados en el caso ‘Astapa’, contra la presunta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga), ha pedido la suspensión del juicio, que comenzó este pasado lunes con las cuestiones previas, para que se realice una investigación complementaria en relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su supuesta vinculación con el procedimiento.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha celebrado este miércoles la tercera sesión de la vista oral, dentro de la fase de alegaciones de las partes. Hay 50 personas acusadas –aunque el fiscal ha pedido el sobreseimiento para dos– que están siendo juzgadas 16 años después del inicio de una investigación que todas las defensas han cuestionado desde el principio de la misma.
En sus cuestiones previas, el abogado defensor Juan José Simón Infante ha explicado que solicita la suspensión del juicio para «la practica de aquellas diligencias de aquella persona que se ha determinado o calificado como ‘terceros que han tenido actuación en el presente procedimiento’, que no es ni más ni menos que el señor Villarejo», que está citado para declarar como testigo.
Al respecto, ha incidido en la importancia de las agendas del excomisario, cuyo contenido ha dicho el letrado que aportará como documental, en las que, si se ponen en relación con las conversaciones telefónicas publicadas en medios de comunicación, «vemos cómo esta persona de forma completamente maliciosa ha creado este procedimiento ficticio y de manera interesada».
Ha apuntado que este «pone a un figurante suyo al frente del urbanismo» de Estepona con el fin de «intentar aprovecharse» para acceder a terrenos a bajo coste. «Eso está radiado en las agendas», ha dicho el letrado, quien ha reiterado que por eso se pide la suspensión «por lógica procesal» y que se practiquen diligencias complementarias.
Otro letrado se ha referido también al «interés claramente personal y profesional que no debemos calificar ni imparcial ni objetivo» por parte de unos funcionarios policiales, que en su opinión «tuvieron una intervención que deja mucho que desear». Ha incidido en el interés «partidista» de estos y de los denunciantes y en que por todo esto se vulneraron derechos fundamentales.
Sobre el nuevo bloque solicitado por el fiscal para revisar el origen de la investigación, estos dos abogados se han opuesto al entender que «lo que no se puede pretender es hacer una valoración a posteriori de los hechos que debían haber sido valorados antes por el juzgado instructor» salvo, han apuntado, que «se quiera hacer una convalidación de los vicios que desde el inicio trufan este caso». Otro abogado sí se ha pronunciado a favor de este nuevo apartado.
Las defensas también se ha adherido a las alegaciones ya planteadas por otros abogados en otras sesiones del juicio en cuanto a instar la nulidad radical de todo el procedimiento, cuestionando no solo el inicio de las diligencias en el juzgado sino también la investigación previa por parte de la Fiscalía, donde, considera, «se cercenaron los derechos de los investigados».
Vulneración de derechos fundamentales, dilaciones indebidas, prescripción de delitos, creación de una causa prospectiva sobre personas y no sobre hechos, así como la utilización del secreto sumarial como herramienta para hacer una investigación general son otras de las cuestiones reiteradas por los letrados defensores en esta sesión.
