El 39% de las familias andaluzas no pueden aclimatar su vivienda en los meses de calor. Save the Children ha advertido que el 39% de las familias andaluzas con hijos a su cargo no pueden mantener la vivienda en condiciones climatológicas adecuadas en los meses de calor, mientras la media nacional se sitúa en el 34%.
Son datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por la ONG en un comunicado, donde ha señalado que Andalucía es la cuarta comunidad con la tasa más alta de España, detrás de Murcia (39,4%), las Islas Canarias (40,1%), la Rioja (44%) e igualada prácticamente con Navarra (39,1%).
El 39% de las familias andaluzas no pueden aclimatar su vivienda en los meses de calor
Así, la responsable de Incidencia Política en Save the Children Andalucía, Ana Sánchez, ha aseverado que «muchas de las familias con las que trabajamos en nuestros programas durante el año, que ya luchan contra la inseguridad alimentaria, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos, ahora deben lidiar con el aumento de las temperaturas sin recursos suficientes, asumiendo graves consecuencias para la salud, como son los golpes de calor, la deshidratación y exacerbación de enfermedades crónicas».
La situación de pobreza energética se agrava aún más en los hogares monomarentales andaluces, siendo especialmente preocupante debido a que enfrentan una tasa de riesgo de pobreza del 57,57% en comparación con el 26,21% de hogares formados por dos adultos e hijos.
Ante este problema, desde Save the Children abogan por seguir avanzando en la concesión automática de los bonos sociales energéticos e implementar los fondos Next Generation de la Unión Europea con planes de adecuación climática de viviendas y edificios, así como ompulsar las medidas establecidas por la Ley de Bioclimatización de las aulas en Andalucía y mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros públicos andaluces.
Desde la ONG también piden el desarrollo de medidas para combatir la pobreza energética, que afecta de manera severa al desarrollo y al bienestar físico y emocional de la infancia más vulnerable, así como el impulso de políticas públicas de ayuda a la vivienda que garanticen el derecho de la infancia a una vivienda digna.
