El Pleno del Congreso votará este jueves el decreto ley aprobado el pasado 1 de marzo con las medidas pactadas con el sector del transporte por carretera para regular las nuevas relaciones entre camioneros y cargadores, y también la introducción de mecanismos de revisión de precios en la obra pública para limitar el impacto de la inflación.
En vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE), cada decreto ley debe someterse a votación en el Congreso en el plazo de un mes para ser convalidado o, en caso de no contar con apoyos suficientes, ser derogado.
En todo caso, los grupos tienen la opción de aprobar su tramitación como proyecto de ley para poder plantear cambios a través de enmiendas.
EL PAGO DE CARBURANTE DEBE DE SER CON ACUERDO
El decreto ley contiene las medidas a las que se comprometió con los transportistas el pasado mes de diciembre, que incluye la prohibición de que los camioneros hagan la carga y descarga o de que se pacte que los transportistas asuman el incremento del precio de los carburantes.
Asimismo, se reducen a la mitad los tiempos de espera a partir de los cuales el transportista tiene derecho a una indemnización, así como el trato a dispensar a los conductores en los centros de carga y descarga, se limitará la competencia desleal extranjera y se impulsarán las áreas de descanso seguras y vigiladas.
REVISIÓN DE PRECIOS EXCEPCIONAL ANTE LA INFLACIÓN
El decreto también contempla una norma que persigue amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española, fijando finalmente en un 5% el alza mínima de los materiales para que las empresas puedan acogerse a esta revisión de precios excepcional.
Así, se considerará que existe este impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre exceda de ese 5%. En cualquier caso, cualquier variación en el presupuesto se limitará al 20% del importe original del contrato.
