El Defensor de Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, en una actuación como Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, ha preguntado a la Administración andaluza por su previsión para contar con «un cauce ágil» que tramite los ofrecimientos de acogimiento familiar de menores procedentes de Ucrania, ante la situación de guerra existente en dicho país.
En una queja de oficio, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía se ha dirigido a la Dirección General de Infancia, dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para solicitar su colaboración con la intención de que se establezca un protocolo específico que dé respuesta «ágil» a los ofrecimientos de acogimiento familiar que se vienen produciendo, en coordinación con otras instituciones públicas competentes (servicios sociales municipales, Administración del Estado, Fiscalía) y otras entidades y organizaciones sociales que vienen colaborando con el Ente Público de Protección de Menores.
Según un comunicado, el Defensor del Pueblo andaluz se hace eco de esta forma de la solidaridad que viene mostrando la sociedad andaluza ante la situación de las personas que huyen del conflicto bélico existente en Ucrania, «siendo muchas las personas que se dirigen a nosotros ofreciéndose a colaborar en el acogimiento familiar de menores desamparados procedentes de ese país, a quienes facilitamos información sobre la legislación aplicable y los trámites indispensables para hacer viable su ofrecimiento solidario».
A este respecto, el Defensor añade que la Comunidad Autónoma de Andalucía «ha de ejercer las competencias que le corresponden para valorar la idoneidad de las familias para el acogimiento familiar de menores, lo cual implica una serie de estudios técnicos y trámites burocráticos que pueden demorar la disponibilidad de una lista de familias idóneas para acoger menores, todo ello en una situación de guerra, especialmente dañina, en que se hace muy necesaria una respuesta urgente a las necesidades de los menores que requieren protección».
Es por esta razón por la cual la Defensoría ha incoado un expediente de queja y ha solicitado la colaboración de la Dirección General de Infancia con la intención de que se establezca este protocolo.
Asimismo, Maeztu señala en el escrito que otra cuestión que preocupa a esta Defensoría y que ha sido puesta en conocimiento de la Dirección General es la necesidad de que se prevean posibles recursos con que atender el previsible incremento de dotaciones para los menores procedentes de Ucrania, todo ello ante la posibilidad de que fuese necesario un dispositivo para los menores objeto de medidas de protección en dicho país o que, desamparados, ya hubieran cruzado la frontera y estuvieran en este momento recibiendo tratamiento humanitario en países fronterizos por las autoridades del concreto país u organizaciones no gubernamentales.
