El Gobierno arrancará esta semana, previsiblemente el próximo jueves, la subasta de las licencias de espectro para la banda de 26 GHz, la última de las bandas de espectro prioritarias para el 5G que queda por adjudicar y que contará con un precio de salida de 56 millones de euros.
La subasta, uno de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, llega a su celebración con un descuento de más de la mitad sobre el primer precio propuesto por el Gobierno y los 127 millones de ingresos por 5G que contemplaban los presupuestos de 2022.
Esto se debe al escaso apetito con el que ha recibido el sector la puja por una banda de espectro para cuyo aprovechamiento no hay aún una tecnología madura y que llega a un sector con una capacidad inversora mermada por la guerra de precios.
Por ello, los operadores pidieron celebrar la subasta, al menos, en 2023, sin embargo el calendario pactado con Bruselas ha motivado que se termine celebrando a finales de 2022, si bien con un descuento sobre los precios de salida de las licencias para explotar las 12 concesiones de nivel nacional y 38 autonómicas en que se fragmentará el espectro.
Todas las concesiones licitadas asignarán el uso de un bloque de 200 MHz para comunicaciones ascendentes y descendentes en la misma frecuencia durante un periodo de 20 años, prorrogable otros 20 años.
Mientras que las frecuencias nacionales partirán de los cuatro millones de euros, las frecuencias autonómicas cuenta con precios proporcionales respecto a su población.
La principal particularidad de la banda de 26 GHz es que cuenta con espectro para transmitir una gran cantidad de información a muy corta distancia, lo que hace que los usos que se prevén para esta sean de tipo industrial u orientados a lugares que concentren una gran cantidad de conexiones, como estadios o aeropuertos y estaciones de transporte.
Por ello, el Gobierno ha reservado espectro para que las empresas puedan disponer de él para la creación de redes privadas con frecuencias propias.
