Explica que solo cuenta con acusaciones contra dos ex trabajadoras ‘moradas’ no respaldadas por «pruebas objetivas»
El juez de instrucción Juan José Escalonilla ha archivado la causa donde se investigaba si trabajadores de Podemos cuidaron de los hijos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias porque «no consta» que nadie de la formación ‘morada’, al margen de sus padres, se encargara de velar por esos niños.
«No solo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres, se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público», dice Escalonilla en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press.
«Por ello, no acreditado el hecho objeto de investigación, procede acordar el sobreseimiento libre de la presente causa», concluye el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid.
Se cierra así una de las causas satélites del denominado ‘caso Neurona’, que se abrieron a raíz de un escrito presentado en enero de 2021 por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona donde denunciaba nuevos hechos que no formaban parte del relato inicial que aportó junto al también antiguo abogado del partido político José Manuel Calvente.
En ese escrito ponía el foco sobre Teresa Arévalo, persona de máxima confianza de Montero que entonces ejercía como su jefa de Gabinete y ahora trabaja como asesora ministerial. Según denunció Carmona, la dirigente ‘morada’ usaba «habitualmente» a Arévalo para cuidar de su hija. En concreto, contó que ambas hicieron un viaje a Alicante el 20 de octubre de 2019 para asistir a un mitin electoral y que, cuando Montero tuvo que intervenir, le dejó a la menor.
El nombre de Santana surgió después, en la declaración que una ex escolta de Podemos prestó el pasado 22 de marzo ante Escalonilla, donde dijo que una segunda trabajadora ‘morada’ que identificó entonces solo con el nombre de Gara también se encargaba de cuidar a los menores.
Fuentes de Podemos plantean ahora «quién repara todo el daño reputacional causado a Irene Montero, Teresa Arévalo y Gara Santana». «Han sido acusaciones falsas que tenían el propósito de perseguir a la gente de Podemos», afirman.
LAS DECLARACIONES
El instructor ha recordado que la antigua escolta contó que coincidió con Arévalo «en varias ocasiones, en algunas de ellas en viajes fuera de Madrid con ocasión de actos electorales», y que manifestó «de manera tajante» que no le constaba que cuidara de los niños.
Arévalo negó que se ocupara de los menores, argumentando que sostener a una niña en brazos «unos segundos» no implica hacer labores de niñera. La gerente del partido, Rocío Esther Val, y el tesorero de la formación, Daniel de Frutos, también ratificaron en sede judicial que la asesora ministerial no ejercía de cuidadora, sino que era una responsable política de Podemos.
Con todo, Escalonilla precisa que solo cuenta con dichas manifestaciones y los billetes de tren, lo que le lleva a concluir que «no existen, por tanto, indicios de que Teresa Arévalo, durante dichos dos años, en los que dicha testigo (la ex escolta) trabajó personal y directamente para Irene Montero, se encargase del cuidado de sus hijos».
«Y del solo hecho de que dicha investigada se desplazara en tren el día 20 de octubre de 2019 a Alicante, para un acto electoral, desplazándose igualmente tanto Irene Montero como su hija a dicha localidad para el fin indicado, no cabe inferir indicio alguno acreditativo de que el desplazamiento de dicha investigada lo fuera para el cuidado de la citada hija», establece.
En cuanto a Santana, el juez apunta que en su declaración como imputada del pasado día 21 aclaró que ejercía de jefa de prensa de Montero, que no solo ella, sino todo el equipo, se desplazaban a casa de la dirigente ‘morada’ para trabajar y que acabó trabando una relación de amistad con ella, pero que «negó haberse encargado jamás del cuidado de los hijos». De hecho, subrayó que eso habría resultado «imposible» porque estuvo de baja entre noviembre de 2018 y enero de 2019.
«UN CIERTO RESENTIMIENTO»
Escalonilla recalca que, cuando pidió a la ex escolta que le entregara los mensajes de Telegram que Montero e Iglesias le habrían enviado para que recogiera y llevara a Santana a la casa de la pareja, la testigo «únicamente» aportó uno donde el ex vicepresidente le pedía que «subiera» a la jefa de prensa, un texto que el juez no considera suficiente «prueba objetiva».
Además, llama la atención sobre el hecho de la que ex escolta fue despedida de Podemos en junio de 2019, un asunto por el que demandó a la formación, «con lo que cabe apreciar que dicha testigo pueda albergar un cierto resentimiento respecto de dicho partido político y de sus dirigentes».
A pesar de acordar el sobreseimiento libre de la causa, Escalonilla justifica en su resolución que apostara por investigar este asunto por cuanto tanto Arévalo como Santana en el momento de los hechos percibían dinero del grupo parlamentario, por lo que podrían haber sido constitutivos de un delito de malversación de
caudales públicos.
«Por lo tanto, no parece que los hechos ‘a priori’ resultaran intrascendentes, salvo que se considere indiferente, y por ello intrascendente, la percepción de dinero público sin el consecuente desempeño de la función determinante de su percepción, dedicándose el perceptor a actividades privadas ajenas a la función pública asignada», fija el juez.
